País: Corte de Santiago rechaza recurso de nulidad y confirma condena por robo con violencia en Las Condes

En fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia que condenó a Javier Alejandro Oria Martínez a la pena de cumplimiento efectivo de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito consumado de robo con violencia. Ilícito cometido en enero del año pasado, en la comuna de Las Condes.

Santiago, 08 de Enero de 2024.- La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia que condenó a Javier Alejandro Oria Martínez a la pena de cumplimiento efectivo de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito consumado de robo con violencia. Ilícito cometido en enero del año pasado, en la comuna de Las Condes.

En fallo unánime (causa rol 6.033-2023), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Graciela Gómez, Verónica Sabaj y el abogado (i) Eduardo Jequier– descartó error en valoración de la prueba y falta de fundamentación en la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal Santiago.

“Que de lo reseñado se desprende que las sentenciadoras realizan una completa descripción de la prueba rendida, concluyendo, a partir de un análisis pormenorizado y razonado de cada uno de los elementos aportados al juicio, que estos permiten tener por justificada, más allá de toda duda razonable, la efectividad de los hechos fundantes de la acusación, que dan cuenta de la efectiva participación de Oria Martínez en los hechos constitutivos del delito por el cual se le condena”, plantea el fallo.

La resolución agrega que: “Para fundamentar esta conclusión, la sentencia realiza una exhaustiva revisión de las declaraciones de la víctima y de los motoristas que participaron en la detención, como asimismo de los funcionarios policiales ya indicados, contrastándolas luego con los dichos de los dos coimputados en cuanto a que Oria no habría participado en los hechos mencionados”.

Para el tribunal de alzada: “(…) por lo señalado, y contrario a lo que sostiene el recurrente, las sentenciadoras llevan a cabo una completa y razonada ponderación de la prueba producida en el juicio oral, sin que se observe una contradicción al principio de la razón suficiente y de corroboración, que el recurrente considera vulnerado”.

“En este sentido, cabe recordar que, en términos generales y como lo ha señalado la Exma. Corte Suprema, el principio de razón suficiente consiste en que cualquier afirmación o proposición que sostenga la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente (entre otras, sentencias Rol N° 21.304-2015; Rol N° 26.854-2014)”. Se trata, por tanto, de un examen atingente a la fundamentación, en términos tales que las conclusiones del sentenciador –en este caso sobre la participación que se da por acreditada en la forma ya dicha– resulte incompatible con una estructura racional del pensamiento o presente debilidades trascendentes”, advierte.

“Por lo mismo, y como apunta también la Exma. Corte Suprema, ‘una crítica genérica a la fundamentación y razonamientos del fallo por alejarse en su desarrollo de la lógica formal de la razón suficiente pasaría por alto que, conforme prescribe el artículo 297 del Código Procesal Penal, los tribunales aprecian la prueba con libertad, constituyendo los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados solo acotados límites al ejercicio de dicha libertad, razón por la que el arbitrio que plantee que dichas fronteras fueron sobrepasadas o desatendidas por los jueces de la instancia deberá puntualizar cómo tal vicio o defecto se concretó en la exposición de la valoración de determinados medios probatorios que sirvieron para fundamentar determinados hechos y circunstancias en que se sostuvo la decisión condenatoria. En otras palabras, no basta (…) con afirmar que la valoración del material probatorio que realiza la sentencia contradice la regla de la razón suficiente, pues de aceptarse, importaría una revisión general y total de lo discernido por los recurridos en tal labor de valoración, transformando este arbitrio estricto y excepcional de nulidad, en un recurso de apelación (…)‘ (sentencia Rol N° 15.028-2020)”, cita el fallo.

“En virtud del principio de corroboración y de razón suficiente, en fin, ‘toda sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable. El cumplimiento de la obligación de motivación de la decisión implica elaborar y exponer una justificación específica de la razón para tener por probados –o no– determinados hechos, sobre la base de la información obtenida de la prueba rendida en juicio.
Ello es así, porque solo si el tribunal exterioriza de manera clara las razones de su resolución, será posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es resultado de la arbitrariedad’ (Corte Suprema, 28 de julio de 2023, Rol Nº10417-2023)”, añade.

Para la Cuarta Sala: “Lo anterior no implica, con todo, asimilar necesariamente la razón suficiente con la corroboración, pues el denominado ‘principio de corroboración’ no atañe a la estructura formal de la sentencia sino al estándar probatorio, esto es, al umbral que es necesario superar para vencer la presunción de inocencia. De igual modo, resulta útil precisar que la corroboración tampoco impone, como condición necesaria para la condena, la multiplicidad de medios de prueba directos o en su caso la equivalencia perfecta entre la versión inicial y la prestada en estrados, sino que se refiere a una exigencia diferente, relacionada con la necesidad de contar con elementos probatorios de confirmación que, en este caso y como ya se dijo, concurren de manera suficiente”.

“Por lo anterior, y considerando que el reproche que efectúa el recurrente radica, a fin de cuentas, en su discordancia con las sentenciadoras en cuanto a la valoración de la prueba respecto de la existencia del delito y la participación del acusado Oria Martínez, la causal de nulidad que se analiza no puede prosperar. Tal discrepancia, pues, no involucra en modo alguno una infracción al principio que se comenta ni, por tanto, una vulneración de las normas legales que sustentan el recurso”, concluye.

Asimismo, el fallo consigna que: “A mayor abundamiento, y como se desprende también de lo dicho, debe advertirse que el recurso de anulación no constituye una nueva instancia. Dicho arbitrio, pues, no tiene por propósito llevar a cabo una nuevo análisis de los hechos y del derecho, sino solo una constatación de la acertada aplicación del derecho en su vertiente legal y constitucional, incluyendo los Tratados Internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes; o en su caso una revisión del ajuste formal de la sentencia a los requisitos establecidos por la ley, ya mencionados”.

“En este caso –prosigue–, se ha denunciado que el fallo impugnado habría incurrido en una transgresión del principio de la razón suficiente y el de corroboración, reproche que, como es obvio, tiene que sustentarse en una construcción deficiente de la sentencia y no en la existencia o inexistencia de pruebas o en el mayor o menor mérito inculpatorio o exculpatorio que estas tengan, en relación con la o las infracciones que han motivado la condena o la absolución en su caso. Lo que el recurso debe referir –y la Corte dilucidar– consiste únicamente en la circunstancia de si la crítica que se formula es o no válida, esto es, la forma como la sentencia cuestionada apreció la prueba y no el mérito de la misma, pues este último examen es propio de una apelación y no de un recurso como el que nos ocupa. El tribunal ad quem, en suma, solo debe analizar el modo como el tribunal del grado llevó a cabo su análisis de las pruebas que fundan la decisión de condena, y si este fue completo, pormenorizado y razonado, sin realizar una valoración propia o particular de la misma a la luz del estándar que establece la ley, tanto en el artículo 342 como en el artículo 340 o en el artículo 297, todos del Código del ramo”.

“Que en síntesis, bajo la excusa de atacar las reglas de la lógica formal, el recurso realiza una crítica a todo el panorama probatorio de la causa, llegando a deslizar la afirmación de falta de fundamento que, como se adelantó, no es efectiva pues el fallo está suficientemente fundado”, remata.

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