Por Dr. José Navarrete Oyarce
Director del Magíster en Tributación
Universidad Andrés Bello
En 2024 afrontábamos el cierre de Huachipato con una mezcla de preocupación y resignación. La planta llevaba más de setenta años operando en Talcahuano, más de 20 mil personas dependían de ella directa o indirectamente y el mercado, con su habitual frialdad, premió la decisión de CAP con un alza de 6,6% en el precio de sus acciones el mismo día del anuncio. Recientemente, nos hemos enterado de un acuerdo vinculante entre AZA y CAP para reflotar la operación en la planta de Talcahuano, pero ¿qué significa esta alianza para la Región del Biobío, más allá de los titulares financieros?
Lo que se está gestando no es la resurrección del antiguo Huachipato. El CEO de CAP, Nicolás Burr, fue claro al respecto en una reciente entrevista, explicando que es un modelo productivo distinto. La diferencia no es menor. La planta histórica era una acería integrada que partía con coque, pasaba por un alto horno y procesaba mineral de hierro en múltiples etapas antes de llegar al producto final. Ese proceso, intensivo en energía y emisiones, era también lo que hacía a Huachipato vulnerable frente al acero chino, cuya competitividad descansa, entre otras cosas, en regulaciones ambientales y laborales significativamente más laxas que las nuestras.
El nuevo modelo gira en torno a un horno de arco eléctrico que funde chatarra ferrosa, esto es, acero reciclado proveniente de autos en desuso, maquinaria y otros residuos metálicos, por lo que las primeras tres etapas del proceso tradicional desaparecen. Las emisiones caen de forma sustancial, sobre todo si la energía que alimenta el horno proviene de fuentes renovables. En términos de sustentabilidad, el contraste con el proceso anterior es notable. La operación completa se estructura así: CAP vende la Compañía Siderúrgica Huachipato a AZA en US$ 130 millones, recibe a cambio un 15% de la nueva sociedad denominada Aceros AZA y mantiene una opción para subir al 20%. El horno eléctrico proyectado tendría una capacidad inicial de al menos 500 mil toneladas, con una inversión estimada de US$ 250 millones.
Desde mi punto de vista, esta operación merece una lectura más optimista de la que habitualmente reciben las noticias industriales en Chile. No porque todo esté resuelto, sino porque el diseño del negocio corrige varios de los problemas estructurales que hundieron al modelo anterior. La dependencia del mineral de hierro se reemplaza por una cadena de reciclaje que aprovecha el desecho metálico que el propio mercado genera. El perfil ambiental mejora de forma genuina, lo que facilita la obtención de permisos y reduce la exposición regulatoria. Y la escala, con 500 mil toneladas de capacidad, es suficiente para justificar económicamente la inversión, según lo reconoce el propio directivo de CAP.
El aspecto más delicado sigue siendo el empleo. Burr habló de unos 200 puestos de trabajo en la primera etapa de laminación, muy lejos de los cerca de 2.000 empleos directos que llegó a tener Huachipato. La acería eléctrica podría agregar más en una segunda fase, pero los números concretos aún no están definidos. Hay que ser honestos con esa diferencia, puesto que la reconversión productiva no recupera empleos en la misma proporción en que los pierde, y sería irresponsable sostener lo contrario. Lo que sí ofrece es una base industrial estable, con un perfil de costos más competitivo y un proceso alineado con los estándares ambientales hacia los que va el mundo.
La Región del Biobío ha sufrido con cierres industriales durante décadas. Lo que llega ahora no es lo que fue, pero puede ser mejor de lo que quedó, más competitivo y sustentable.