Ginebra, 17 de Julio de 2026.- Experto de la ONU* condenó hoy el asesinato de 20 personas campesinas ocurrido el 21 de mayo de 2026 en la comunidad de Rigores, en el Bajo Aguán, Honduras.
“El Gobierno de Honduras tiene la obligación de llevar a los responsables ante la justicia, proporcionar reparaciones a las víctimas y garantizar la no repetición de ataques contra las comunidades campesinas”, afirmó Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Un total de catorce hombres, tres mujeres y tres niños, entre ellos dos de 14 años y uno de 17, fueron brutalmente asesinados por hombres armados presuntamente vinculados a grupos criminales mientras se encontraban reunidos cerca de una iglesia antes de comenzar su jornada laboral.
“En una región históricamente marcada por conflictos relacionados con el uso de la tierra, la industria de la palma aceitera y las actividades de redes criminales que operan en la zona, esta atrocidad exige una respuesta inmediata, efectiva y transparente por parte del Estado, conforme a las normas internacionales de derechos humanos.
“La pérdida de estas vidas afecta no solo a sus familias y comunidades, sino también a toda la sociedad hondureña”, señaló el experto.
“Exhorto a las autoridades hondureñas a llevar a cabo una investigación pronta, independiente y efectiva, de conformidad con los principios establecidos en el Protocolo de Minnesota, a fin de garantizar que quienes perpetraron estos crímenes, así como quienes los planificaron, ordenaron o facilitaron, sean identificados y rindan cuentas”, afirmó. “Ninguna persona, grupo o institución que haya participado directa o indirectamente en estos crímenes debe quedar fuera del alcance de la justicia”.
El experto instó a garantizar una reparación integral para los sobrevivientes y los familiares de quienes fueron asesinados. “Las comunidades afectadas tienen derecho a recibir apoyo efectivo del Estado para reconstruir sus vidas, superar las consecuencias del trauma y disfrutar de condiciones de seguridad que les permitan vivir sin miedo”, afirmó. “La reparación no puede limitarse a una compensación económica; debe abordar de manera integral los daños materiales, morales y sociales ocasionados por estos hechos”.
Asimismo, hizo un llamado a establecer garantías de no repetición. Ello requiere la adopción de medidas estructurales destinadas a prevenir nuevas violaciones de derechos humanos, incluido el fortalecimiento de los mecanismos de protección para las comunidades campesinas, la prevención de la violencia en las zonas afectadas por conflictos agrarios, el combate efectivo contra la impunidad y la supervisión independiente de las actuaciones de las autoridades involucradas.
“La memoria de quienes fueron asesinados exige verdad, justicia y reparación”, señaló el experto. “Sus familias y comunidades tienen derecho a conocer lo ocurrido y a ver que los responsables rindan cuentas por sus actos”.
“La sociedad hondureña no puede aceptar que una tragedia de esta magnitud permanezca sin esclarecer y sin sanción. Reitero mi llamado a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional para que vigilen el cumplimiento de estas exigencias”, concluyó.