Ginebra, 8 de Septiembre de 2026.- El Gobierno de Bolivia debe garantizar que los asesinos del magistrado Víctor Claure Hinojoza sean llevados ante la justicia, que se esclarezcan los motivos del asesinato y que la familia sea reparada, han afirmado hoy expertos de la ONU.
El magistrado Claure, que era decano del Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia, fue asesinado el pasado 30 de abril en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por dos individuos que circulaban en motocicleta. Empezando su trayectoria como defensor de derechos ambientales, el magistrado Claure desarrolló su carrera profesional en el servicio público técnico del sector agrario, antes de convertirse en juez.
“Este brutal asesinato constituye un grave ataque a la independencia judicial, al derecho al ambiente sano y al Estado de derecho”, afirmaron los expertos. “Instamos a las autoridades bolivianas a que lleven a cabo una investigación eficaz e independiente sobre el asesinato, que lleven a los responsables ante la justicia, se aseguren de aclarar los motivos del crimen y de implementar medidas de no repetición”.
El magistrado Claure falleció en el lugar de los hechos después de que uno de sus agresores le disparara cuatro balas a quemarropa.
“Las consecuencias del asesinato son devastadoras, no solo para el poder judicial y el Estado de derecho de Bolivia, sino también para la familia de la víctima”, afirmaron. “Las autoridades bolivianas deben adoptar medidas inmediatas para garantizar la rendición de cuentas y para proteger a los miembros del poder judicial”.
“El asesinato de un juez tiene un inevitable efecto disuasorio en todo el poder judicial si no va seguido de una investigación eficaz, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables”, afirmaron los expertos.
Este aparente asesinato por encargo podría estar relacionado con las funciones oficiales del magistrado, incluido el ejercicio de su deber con la defensa y la protección del medio ambiente. En meses antes de su asesinato, el magistrado Claure había trabajado en varios casos sensibles, entre ellos, casos relacionados con la minería ilegal, los incendios forestales y el acaparamiento de tierras.
Casi cuatro meses después del asesinato, se ha detenido a cuatro personas como sospechosas de haber recibido y guardado la motocicleta utilizada por el sicario. Sin embargo, ni la persona que cometió el asesinato ni la que lo ordenó han sido detenidas.
“Los riesgos a los que se enfrentaba el magistrado debido al tipo de casos que llevaba no son aislados: el poder judicial necesita una protección eficaz al abordar cuestiones ambientales”, afirmaron los expertos.
Los expertos advirtieron que los ataques o actos de intimidación contra actores judiciales involucrados en la protección de los derechos ambientales pueden menoscabar tanto la independencia judicial como la realización efectiva de derechos humanos universalmente reconocidos.
Los expertos pidieron apoyo para las familias de los jueces e instaron al Gobierno a garantizar que la familia del magistrado Claure reciba la asistencia necesaria para vivir con seguridad y disfrutar de un nivel de vida digno tras el trágico asesinato del magistrado. Estas medidas incluyen un apoyo económico integral que consiste en pensiones de supervivencia y becas educativas, una indemnización por riesgos laborales o muerte violenta en el cumplimiento del deber, y asistencia inmediata para los gastos del funeral.
“Deben adoptarse medidas urgentes para hacer frente a la vulnerabilidad del poder judicial”, afirmaron los expertos. “Las normas internacionales establecen que los Estados deben garantizar que quienes ejercen funciones judiciales estén libres de intimidaciones y amenazas, así como la obligación de proteger a las personas que defienden el ambiente.
“Es responsabilidad de los Estados garantizar y proteger su vida y su libertad, tanto en su calidad de funcionarios judiciales como de personas individuales”.
Los expertos han comunicado sus preocupaciones a Bolivia.