La iniciativa busca dotar al Estado de una nueva herramienta para enfrentar el crimen organizado, incentivar la colaboración ciudadana y facilitar la captura de prófugos y líderes de bandas delictuales.
Valparaíso, 11 de Julio de 2026.- Como parte de su agenda legislativa para fortalecer la seguridad pública y combatir el avance del crimen organizado, la Bancada de Diputados de Renovación Nacional en complicidad con diputados de distintos sectores, presentó un proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República a establecer un sistema de recompensas para quienes entreguen antecedentes útiles, verificables y relevantes que permitan investigar, perseguir y sancionar delitos cometidos por organizaciones criminales.
La propuesta responde al diagnóstico de que el crimen organizado opera hoy con estructuras cada vez más sofisticadas, amplios recursos económicos, capacidad de intimidación y redes nacionales e internacionales, lo que dificulta la obtención de información por parte de las policías y el Ministerio Público.En ese contexto, la iniciativa busca fortalecer la colaboración ciudadana mediante un mecanismo excepcional, regulado y sujeto a estrictos requisitos, permitiendo incentivar la entrega de antecedentes que contribuyan a capturar prófugos, identificar integrantes de organizaciones criminales, desbaratar sus redes de financiamiento e incautar armas, bienes y otros instrumentos utilizados para cometer delitos.
«La seguridad de los chilenos exige entregar al Estado todas las herramientas disponibles para perseguir eficazmente al crimen organizado. No basta con reaccionar cuando los delitos ya ocurrieron; necesitamos mecanismos que permitan anticiparse, desarticular bandas y romper el pacto de silencio que muchas veces imponen estas organizaciones mediante el miedo y la violencia», señalaron desde la Bancada RN.
El proyecto establece que las recompensas sólo podrán otorgarse mediante un decreto supremo fundado del Presidente de la República y únicamente respecto de información que sea entregada de manera voluntaria, que sea sustancial, veraz, precisa, comprobable y desconocida previamente por las policías y el Ministerio Público, debiendo además resultar efectivamente útil para el desarrollo de la investigación.
Asimismo, la iniciativa incorpora importantes resguardos para evitar abusos. Entre ellos, establece la protección de la identidad y seguridad del informante y de su grupo familiar cuando corresponda, sanciona penalmente a quienes entreguen antecedentes falsos con el objeto de obtener una recompensa y excluye expresamente de este beneficio a funcionarios públicos que conozcan la información por razón de su cargo, personas obligadas legalmente a denunciar, víctimas, querellantes, imputados o quienes hayan participado en los hechos investigados.
La propuesta recoge experiencias internacionales exitosas implementadas en países como Estados Unidos, México, Colombia, Reino Unido, Australia y Países Bajos, donde los sistemas de recompensas han demostrado ser una herramienta complementaria para capturar delincuentes de alta peligrosidad, ubicar prófugos y obtener información clave para desarticular organizaciones criminales, sin reemplazar el trabajo del Ministerio Público ni de las policías.
Al respecto, el diputado y jefe de bancada Diego Schalper señaló que «Esta iniciativa forma parte de la agenda de seguridad que como Bancada de Renovación Nacional hemos venido impulsando. Queremos un Estado más fuerte frente al crimen organizado, con mejores instrumentos para capturar prófugos, desbaratar bandas criminales y devolver la tranquilidad a las familias. La seguridad debe seguir siendo la primera prioridad del país.»
Mientras que su par, el diputado e integrantes de la comisión de Seguridad, Mauro González, agregó que «Este proyecto no reemplaza el trabajo del Ministerio Público ni de las policías; por el contrario, entrega una herramienta adicional para facilitar investigaciones altamente complejas. Estamos proponiendo un mecanismo serio y responsable. Sólo podrán acceder a una recompensa quienes entreguen antecedentes voluntarios, verificables y desconocidos por las autoridades, con protección de identidad y sanciones para quienes intenten engañar al sistema. Es una fórmula que ya ha demostrado resultados en otros países y que puede marcar una diferencia en la lucha contra el crimen organizado en Chile.»
Por su parte, el diputado Francisco Orrego, integrante de la comisión de Constitución aseguró: “Valoramos esta propuesta porque todas las iniciativas que busquen combatir la delincuencia y el narcotráfico de frente se deben analizar, ya que no podemos seguir perdiendo terreno ante el crimen organizado que hoy día atemoriza a los chilenos. Este proyecto busca incentivar la entrega de información vital para esclarecer delitos graves y desbaratar de raíz a estas bandas criminales, por lo que sería una nueva herramienta importante que hoy no existe, porque al crimen organizado lo vamos a derrotar utilizando todas las facultades del Estado, y la colaboración ciudadana con las debidas garantías de seguridad puede ser una pieza clave para recuperar nuestra seguridad y tranquilidad”.
Finalmente desde Renovación Nacional recalcaron que esta iniciativa forma parte de una agenda impulsada transversalmente para enfrentar la grave crisis que vive el país y fortalecer la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado, dotando a las instituciones de herramientas modernas, eficaces y compatibles con las mejores prácticas internacionales en materia de persecución penal.