Ginebra, 29 de Octubre de 2026.- Las personas expertas de la ONU* han pedido hoy que se respeten plenamente los derechos humanos y la independencia judicial en los procedimientos constitucionales relativos a la supuesta contaminación medioambiental y a los graves efectos sobre la salud relacionados con las actividades mineras en Cerro de Pasco, Perú.
“Los derechos de las personas y las comunidades afectadas por las actividades empresariales deben protegerse de manera efectiva mediante el acceso a procesos judiciales independientes, imparciales y eficaces”, señalaron los expertos.
El caso se refiere a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra Volcán Compañía Minera y sus filiales, con el fin de subsanar el daño medioambiental causado y aplicar medidas para evitar que se repita. Las y los residentes de Cerro de Pasco han denunciado una exposición prolongada a la contaminación medioambiental, incluidas preocupaciones relacionadas con la presencia de metales pesados en las fuentes de agua y en la sangre de las y los miembros de la comunidad, como consecuencia de 30 años de operaciones mineras. Se ha constatado que las ninas y los niños de Paragsha, una de las comunidades afectadas, presentan niveles de metales pesados en el organismo que superan los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud.
“Hemos recibido información según la cual el proceso se vería afectado por irregularidades procesales, en particular la suspensión inexplicable de una audiencia programada, a petición de la empresa. Esto suscita inquietudes sobre el respeto de las garantías procesales, la influencia responsable de la empresa en la esfera políticas y el acceso a mecansimos de reparación,” dijeron las personas expertas.
“Instamos al poder judicial a que garantice que las normas y estándares internacionales de derechos humanos, incluidas las relativas al acceso a la reparación, la protección del medio ambiente, la salud pública y la responsabilidad empresarial, se tengan en cuenta a lo largo del proceso”, afirmaron las y los expertos. “La integridad y la independencia del proceso judicial son esenciales para garantizar la confianza pública y el Estado de derecho”.
“Instamos a la empresa y a sus filiales a cooperar de forma plena y transparente con las autoridades judiciales y con todos los procesos legítimos de rendición de cuentas”, afirmaron las personas expertas.
“Las empresas deben abstenerse de cualquier conducta que pueda socavar, interferir o dar la impresión de influir indebidamente en los procedimientos judiciales”.
Las y los expertos dijeron que las personas y comunidades afectadas por presuntas violaciones de los derechos humanos relacionadas con las empresas tienen derecho a acceder a una reparación efectiva a través de mecanismos judiciales y no judiciales, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Los Estados tienen el deber de garantizar que las barreras legales y prácticas no impidan a las personas afectadas buscar justicia.
“Las comunidades que expresan su preocupación por la contaminación medioambiental y los efectos sobre la salud deben poder presentar sus reclamaciones sin intimidación, obstrucción ni retrasos indebidos”, afirmaron las personas expertas. “Las siguientes etapas judiciales representan una oportunidad importante para garantizar que las empresas respeten plenamente los derechos humanos y se encarguen de, o participen en, la reparación de los impactos negativos sobre los derechos humanos que hayan causado o a los que hayan contribuido”.
El Grupo de Trabajo ya se ha puesto en contacto anteriormente con el Gobierno del Perú y con Volcán Compañía Minera en relación con este caso.