Ginebra, 7 de Octubre de 2026.- Dos mil abogadas y abogados en Nicaragua fueron eliminados del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia sin previo aviso, presuntamente porque no estaban alineados con el gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, afirmó hoy una experta de la ONU.
“Estas exclusiones atentan directamente al corazón del derecho a un juicio justo”, afirmó Margaret Satterthwiate, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados. “La comunidad internacional debe tomar acciones para proteger los espacios independientes de organización, expresión y participación social que las autoridades nicaragüenses han tratado de reprimir desde 2018”.
Las y los abogados en cuestión fueron eliminados del registro profesional sin notificación, sin enfrentar procesos disciplinarios o administrativos individualizados que justificaran la medida, y sin una oportunidad efectiva de impugnar dicha medida ante una autoridad independiente. Las consecuencias de no figurar en el registro incluyen la imposibilidad de presentar escritos, representar a clientes y realizar actos notariales.
“La profesión jurídica ha sido objeto de un acoso especial en Nicaragua. Las y los abogados que han representado a personas privadas de libertad por motivos políticos, queh han defendido los derechos humanos o que han denunciado abusos del Estado se enfrentan a restricciones en el ejercicio de su profesión, a vigilancia, acoso, amenazas, exilio forzado, y ahora a la cancelación de sus registros profesionales y otras medidas de represalia”, afirmó Satterthwaite.
La Relatora Especial expresó su preocupación por el mensaje intimidatorio que transmite la Circular 2026 del Consejo Nacional de Administración y Carreras Judiciales, en la que se instruye a los jueces y a los órganos judiciales a verificar, como requisito obligatorio antes de prestar cualquier servicio a los profesionales del derecho, si éstos están inscritos en el sistema de registro del Poder Judicial. En los casos en que un abogado no figurara en dicho registro, las autoridades estarían obligadas a remitirlo a la Dirección de Regulación, Supervisión y Control de Abogados y Notarios de la Corte Suprema de Justicia para regularizar su situación.
“No podemos olvidar que en 2023 entraron en vigor reformas constitucionales relacionadas con la revocación de la nacionalidad nicaragüense y el uso del sistema disciplinario y de las facultades reguladoras de la Corte Suprema de Justicia para restringir arbitrariamente el ejercicio de la abogacía y los servicios notariales, particularmente en lo que respecta a los profesionales considerados críticos con el gobierno, y que 26 abogadas y abogados fueron inhabilitados tras ser despojados de su nacionalidad”.
“Nicaragua debe poner fin de inmediato a estos ataques contra la profesión jurídica y el derecho a un juicio justo”, afirmó Satterthwaite.
La Relatora Especial ha enviado una carta a Nicaragua expresando estas preocupaciones.