Los participantes de las protestas apuntan a una “primavera revolucionaria” mientras mantienen la resistencia a la junta militar. La última jornada dejó un muerto y un herido.
Naipyidó, 02 de Abril de 2021.- Miles de personas se manifestaron el domingo en varias regiones de Birmania, abogando algunas por una «primavera revolucionaria», tres meses después del golpe de Estado de la junta miliar contra el gobierno civil.
Dos manifestaciones se produjeron en Rangún. En una de ellas, manifestantes radicales desfilaron rápidamente por las calles y dispersarse luego para evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Asimismo, Centenares de personas se manifestaron asimismo en la región de Mandalay (centro), encabezados por monjes que portaban una bandera de la Liga nacional de la Democracia (LND) el partido de la exdirigente Aung San Suu Kyi.
En el Estado Shan (noreste), las fuerzas de seguridad intervinieron contra manifestantes en la localidad de Hsipaw, causando un muerto y un herido producto de los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, informan medios locales.
El fallecimiento del manifestante se da después que la semana pasada el jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, alcanzara un acuerdo para cesar la violencia, entre otros puntos, durante una reunión con los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que forma parte Birmania.
A pesar del compromiso frente a los mandatarios regionales, Min Aung Hlaing se retractó días después y señaló que priorizará «mantener la ley y el orden» y «la estabilidad» antes de «considerar» el cese de hostilidades, conforme a un discurso publicado por la prensa oficialista The Global new Light of Myanmar.
Desde febrero y pese a una cruenta represión de la junta militar, las manifestaciones recorren el país; una importante campaña de desobediencia civil, con miles de trabajadores en huelga, paraliza sectores enteros de la economía; y los opositores, ahora clandestinos, han formado un gobierno de resistencia.
Cerca de 760 civiles, entre ellos menores y mujeres, han muerto tiroteados por las fuerzas de seguridad en los últimos tres meses y 3.500 están detenidos, según una oenegé local, la Asociación para la ayuda a los presos políticos (AAPP), catalogada como organización ilegal por parte de la junta militar.