Bogotá, 28 de Marzo de 2026.- El Grupo de Trabajo sobre mercenarios ha elogiado la firma del Presidente Petro de la nueva ley en Colombia que ratifica la Convención Internacional sobre Mercenarios del 1989. Sin embargo, también ha destacado los riesgos que supone el reclutamiento de ciudadanos colombianos para ir al extranjero a participar en conflictos armados y desempeñar funciones de seguridad privada.
«La revisión acelerada y la plena aplicación de la nueva ley para prevenir la actividad mercenaria ilegal constituyen un paso esencial hacia la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales», afirmaron las expertas en un comunicado al finalizar la visita al país.
El conflicto armado que ha vivido Colombia durante décadas ha dado lugar a la multiplicación de los actores armados y de las empresas de seguridad privadas (ESP). Aunque se han logrado avances con las reformas en el area de derechos humanos y la reintegración de excombatientes, los retos persisten. Más de 10.000 colombianos podrían haber sido reclutados en conflictos armados en distintas partes del mundo, tanto por medios legales como irregulares. «Es necesario recabar datos más precisos, y abordar las causas originarias, ya que es probable que esta tendencia siga aumentando», afirmaron las expertas.
Los ciudadanos colombianos, en su mayoría exmilitares, se encuentran entre los más solicitados para desempeñar funciones en el sector de la seguridad y en conflictos armados. Los cuantiosos incentivos económicos, la ausencia de oportunidades laborales, y el aumento del reclutamiento en línea han llevado a un incremento de solicitudes de empleos en el extranjero, incluyendo para el combate activo. Las familias de los colombianos afectados que han fallecido o desaparecido en el campo de batalla tienen dificultades para obtener información, en particular en los casos de reclutamiento predatorio o engañoso.
«El elevado número de empresas de seguridad privada no reguladas, las armas sin licencia y las tecnologías de alto nivel, como los drones y las herramientas de vigilancia sofisticadas, plantean riesgos para los derechos humanos y la seguridad», afirmaron las expertas.
Las expertas señalaron que los empleos legítimos en funciones militares y de seguridad en el extranjero constituyen una importante fuente de trabajo para los colombianos. También advirtieron de que el uso de mercenarios está prohibido por el derecho internacional y supone una grave amenaza para los derechos humanos. Las expertas recomiendan acciones interinstitucionales coordinadas, cooperación internacional, campañas de sensibilización pública y mejores oportunidades económicas para prevenir el reclutamiento en el extranjero.
«Abordar de manera eficaz el reclutamiento de mercenarios no es solo una cuestión nacional, sino que requiere cooperación a nivel regional y mundial», afirmaron las expertas.
El Grupo de Trabajo presentará su informe completo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2026.