Por Mg. Marco Antonio Vásquez Ulloa
Ingeniero Comercial-Contador Público y Auditor
Académico Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales
Universidad de La Frontera.
El anuncio del gobierno de eliminar la franquicia tributaria del SENCE ha sido presentado como una medida de eficiencia fiscal y corrección de abusos. Sin embargo, desde una perspectiva técnica y económica, la decisión es profundamente equivocada. No solo desconoce la evidencia acumulada sobre el impacto positivo de la capacitación laboral, sino que además ataca directamente uno de los pilares más críticos para el crecimiento económico de Chile: la Productividad Total de Factores (PTF).
La PTF mide cuánto más puede producir un país con los mismos insumos de trabajo y capital. En un contexto donde Chile enfrenta un estancamiento productivo de más de dos décadas, la capacitación laboral es una herramienta indispensable para mejorar el capital humano, cerrar brechas educativas y aumentar la eficiencia en el uso de recursos. Eliminarla significa renunciar a un mecanismo probado para desplazar la Frontera de Posibilidades de Producción hacia la derecha.
El argumento del Ejecutivo se centra en que la franquicia beneficiaba principalmente a grandes empresas y que su impacto en productividad era limitado. Sin embargo, estudios recientes muestran lo contrario: cada peso invertido en capacitación retornaba más de tres veces en productividad. Además, para miles de trabajadores con baja escolaridad, los programas del SENCE eran la única vía de acceso a formación técnica. Suprimirlos no corrige una ineficiencia; la profundiza.
Las consecuencias son claras: cierre de más de 3.000 OTEC, pérdida de más de 100.000 empleos vinculados al ecosistema formativo y, lo más grave, un retroceso en la construcción de capital humano. En un país que busca diversificar su matriz productiva y competir en la economía del conocimiento, desmantelar la principal política de capacitación es un contrasentido.
La discusión no debería ser entre mantener o eliminar, sino entre reformar y modernizar. Mayor fiscalización, incentivos a la calidad de los cursos y un rediseño que priorice a las pymes y sectores estratégicos son caminos posibles. Pero cerrar de golpe el sistema es equivalente a cortar el motor que alimenta la productividad futura.
En definitiva, la decisión del gobierno no logrará aportar al crecimiento económico. Por el contrario, al atacar directamente la PTF, condena a Chile a seguir atrapado en un modelo de bajo valor agregado y dependencia de materias primas. Si queremos un país más productivo, competitivo y equitativo, debemos fortalecer la capacitación laboral, no eliminarla.