Valparaíso, 22 de Octubre de 2026.-La bancada de diputados y diputadas del Partido Socialista presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de los ahorros previsionales de las chilenas y chilenos, estableciendo mayores sanciones para los delitos económicos cometidos por quienes administran fondos de pensiones, restricciones al cobro de comisiones por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones y establecer que es contraria a la ley la gestión de los fondos que no tenga por fin exclusivo el interés de los fondos.
La iniciativa surge tras las pérdidas registradas por el fondo E durante septiembre de 2026, cuando anotó una caída de 4,92%, acumulando un retroceso real de 10,39% en el año.
El proyecto contempla tres medidas centrales. En primer lugar, modifica la Ley de Delitos Económicos para incorporar una agravante penal muy calificada cuando una persona cometa un delito administrando pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, considerando la especial responsabilidad que implica gestionar recursos destinados a la seguridad social.
En segundo término, propone que las AFP no tengan derecho a cobrar comisiones ni obtener determinadas retribuciones cuando los fondos que administran registren pérdidas en el año calendario anterior. La iniciativa incorpora esta restricción en distintas disposiciones del Decreto Ley N.º 3.500, que regula el sistema de pensiones.
Finalmente, establece que serán contrarias a la normativa previsional las operaciones realizadas con los recursos de los fondos que no se efectúen en su exclusivo beneficio, reforzando el deber de las administradoras de actuar con diligencia, responsabilidad y lealtad hacia los afiliados.
El jefe de la bancada PS Raúl Leiva, señaló “este es un proyecto de ley que se hace cargo de una realidad, no regulada expresamente en nuestra legislación. Al agravar delitos económicos vinculados a la administración de fondos de pensiones y establece una sanción económica al mal administrador”.
El diputado Nelson Venegas, integrante de la comisión de Trabajo, sostuvo “la previsión social es un derecho social y su propósito fundamental es generar condiciones para jubilaciones dignas, no andar jugando con los dineros de los trabajadores en el mercado financiero.
Por eso queremos presentar un proyecto de ley con tres medidas fundamentales: establecer responsabilidad penal por conductas que perjudiquen los fondos previsionales, declarar ilegales las operaciones fuera del marco normativo del DL 3.500 y que las AFP pierdan sus comisiones cuando registren pérdidas para los afiliados al cierre del ejercicio contable.
Lo que buscamos es que se maneje con responsabilidad el dinero de nuestras trabajadoras y trabajadores, especialmente después de las pérdidas que han afectado a miles de afiliados del Fondo E, el más conservador”.
Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri, dijo “las AFP deben quedarse sin comisiones cuando los fondos terminen el año con pérdidas. Eso proponemos con este proyecto, que también aumenta las penas para quienes cometan delitos administrando las pensiones. Que respondan por la plata de los trabajadores. Basta de abusos”.
Respecto a por qué las AFP no deberían cobrar comisión si el año anterior fue negativo, el diputado Juan Santana, explicó “hoy el riesgo lo corre solo el trabajador. Mientras el fondo E perdía, las siete AFP recibieron $616.468 millones en comisiones en el primer semestre y repartieron $328.000 millones en dividendos entre enero y octubre. Si la AFP gana en los años buenos, que también pierda en los malos. La reforma de pensiones podría haber ido mucho más lejos, pero la derecha la achicó: con el acuerdo con Chile Vamos se cayó la idea de separar las funciones de administración e inversión de las AFP, o sea, protegieron el negocio en vez de los ahorros. Lo que quedó, la comparación con una cartera de referencia, recién parte en abril de 2027 y no impide que las AFP cobren igual cuando el afiliado pierde, y eso es lo que nosotros queremos cambiar”.