El Ejecutivo anunció que pondrá urgencia a la iniciativa que busca identificar operaciones financieras sospechosas relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
Valparaíso, 10 de Junio de 2026.- Luego que se rechazara permitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requerir la información sujeta a secreto bancario de forma directa y sin previa autorización judicial, la Sala del Senado envió a Comisión Mixta el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica.
En la sesión ordinaria se votó dicha disposición que había quedado pendiente de la semana pasada. Esta vez nuevamente se registró un empate, por lo que se dio por desechada. Esta materia y otras más, serían revisadas por una instancia conformada por integrantes de las comisiones de Seguridad Pública del Senado y de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, de manera de consensuar un texto que vaya a ley.
Proyecto
Cabe recordar que el proyecto busca identificar operaciones financieras sospechosas relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, mediante el análisis de información económica y financiera.
En este contexto, establece un sistema de trabajo conjunto entre la UAF, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas. Estas instituciones podrán intercambiar información y fortalecer sus capacidades de análisis para detectar movimientos irregulares.
Además, la iniciativa crea Unidades de Inteligencia y Análisis Económico tanto en Impuestos Internos como Aduana, para mejorar la investigación de operaciones sospechosas.
También incorpora nuevos mecanismos para seguir la ruta del dinero proveniente de actividades criminales. Entre ellos, el análisis de datos económicos y financieros, la trazabilidad de operaciones económicas, el intercambio de información entre organismos del Estado y el fortalecimiento de las facultades de fiscalización.
Secreto Bancario
La disposición que registró doble empate que sería revisada en Comisión Mixta indica lo siguiente:
“Excepcionalmente la UAF podrá requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria, de forma directa y sin previa autorización judicial, y ésta estará obligada a proporcionarla, siempre que la información sea necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas que se refieran a personas jurídicas, a funcionarios públicos, o que hayan sido reportadas por un banco, que se vinculen con los delitos de su competencia”.
También la disposición hace referencia al rol del director de la UAF y del jefe de la Unidad de Auditoría Interna. A su vez indica que la UAF tendrá la obligación de informar de manera periódica sobre la utilización de esta facultad excepcional, antecedentes que también serán entregados a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
Debate
Al igual que en la sesión anterior, se recordó la operación Tokio que investigó el lavado de activos de una célula del Tren de Aragua. De esta manera, se admitió que el crimen organizado y el narcotráfico están actuando al interior de los bancos, en este caso de Banco Estado y Banco Santander.
Un sector aseguró que “cuando se intentó cambiar la Constitución, la ciudadanía no quiso. Levantar el secreto bancario viola la vida privada. El Estado necesita una causa legal para aplicar esta herramienta. Esto afecta los derechos fundamentales”.
“Todos queremos derrotar al crimen organizado, pero eso no se hace apuntando con el dedo al otro. Creemos que es más seguro que haya un juez que supervise este tipo de acciones. No puede ser que el día de mañana, nos vengan a revisar los mensajes, los whatsapp”, apuntaron varios legisladores.
Desde la otra vereda, se recordó que el citado levantamiento es una práctica habitual pero que llega tarde. “La UAF está autorizada, se le solicita a la Corte de Apelaciones, pero puede hacerse solo cuando ya hay un proceso iniciado. No hay nada que permita anticiparse. La idea es tener un sistema que se anticipe a un procedimiento penal para que la investigación dé frutos”, se aclaró.
A su vez, algunos parlamentarios aseguraron que “se necesitará de un reporte de la UAF que indique que hay actividades sospechosas en las cuentas de una persona, para autorizar el levantamiento del secreto bancario. Ningún ciudadano honesto debe temer. Nadie tendrá a la UAF respirándole en la nuca. No se violan los principios a la intimidad con esto”.
También se aclaró que este levantamiento operará sobre cuatro hipótesis: que exista un reporte previo de una operación sospechosa, que se investigue a una persona jurídica o un funcionario público, que la operación sea reportada por un banco y que se investigue una asociación delictual o criminal.
Algunos parlamentarios mencionaron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz que anunció la presentación de un proyecto para regular esta herramienta. “No queremos que esa iniciativa venga a boicotear el trabajo que deberemos hacer con este proyecto en la Comisión Mixta”, se hizo ver.
Haciendo un punto político algunas y algunos congresistas manifestaron que “hay una contradicción vital en el Gobierno porque por un lado se revisan mochilas y se habla de hacer un registro de vándalos, pero por el otro, no se quiere avanzar en esto, en perseguir la ruta del lavado de dinero”.