Santiago, 15 de Octubre de 2021.- En esta jornada el Séptimo Juzgado de Garantía accedió a la solicitud de la Fiscalía de prisión preventiva para el ex director de la PDI, Héctor Espinosa, procesado por malversación de fondos públicos provenientes de gastos reservados, lavado de activos y falsificación de instrumento público.
La Juez Claudia Capella instruyó la audiencia en la cual también quedaron con medidas precautorias María Magdalena Neira, esposa de Héctor Espinosa y el ex subcomisario Eduardo Villablanca, ambos por lavado de activos y en el caso de Villablanca la Fiscalía lo apunta como el encargado de recibir el dinero para luego depositarlo en las cuentas corrientes de Espinosa y su cónyuge.
Magdalena Neira recibió la medida cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional, mientras que Villablanca, arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con el resto de los imputados.
Espinosa es acusado por la presunta apropiación indebida de $146 millones destinados a gastos reservados.
La investigación surgió después de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibiera un Reporte de Operación Sospechosa del banco en que operaba Magdalena Neira Cabrera por la adquisición de un departamento en Las Condes, donde se pagaron $250 millones al contando con vales vistas.
Según detalló la fiscal Karina Guajardo, la UAF fue alertada por irregularidades en las cuentas de Espinosa y Neira, quien era funcionaria del Servicio de Impuestos Internos.
“Operaciones carentes de justificación registradas en sus cuentas bancarias personales con altos niveles de abonos que no se condicen con sus perfiles comerciales y además de un uso intensivo de dinero en efectivo”, detalló la fiscal Guajardo.
La jueza señaló en la audiencia que «la máxima autoridad de la entidad que debe velar por la prevención delictual, y que debe prevenir que no se cometan actos contra el Estado, se sospecha en forma fundada que estaba destinando fondos públicos de su propia institución al patrimonio personal por montos no menores, sino cercanos a los 150 millones de pesos».
«Por esas consideraciones esta sentenciadora estima que efectivamente su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y que la prisión preventiva resulta proporcional a la pena que arriesga», señalo Capella, al otorgar las cautelares solicitadas por el Ministerio Público.