Esto, tras el respaldo del Senado del informe de la Comisión Mixta el que, precedentemente, fue visado por la Cámara. Con todo, el proyecto busca otorgar más competencias al Estado y agiliza procesos en materia de expulsiones y migración irregular.
Valparaíso, 21 de octubre de 2026.- En condiciones de convertirse en ley quedó el proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa y que sorteó una serie de trámites legislativos, incluidos la conformación de una Comisión Mixta, la que acordó el respectivo informe, ratificado por la Sala del Senado por 37 votos a favor y 1 abstención.
Cabe recordar que el mensaje, que modifica la Ley 21.325, avanza en mayores facultades a los organismos públicos competentes, mejora la ejecución de los procesos y robustece el registro de datos biométricos de extranjeros en situación migratoria irregular.
La senadora Danisa Astudillo, presidenta de la Comisión Mixta, detalló la forma y modo de resolver propuesta y destacó que la instancia incluyó recomendaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público.
Durante el debate hicieron uso de la palabra las y los senadores Renzo Trisotti, Andrés Longton, Danisa Astudillo y Francisco Huenchumilla; además del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
Se destacó que la Comisión Mixta alcanzó una serie de acuerdos, entre otros, el aumentar de 3 a 5 años el plazo mínimo de prohibición de reingreso al territorio nacional para las personas extranjeras que hayan sido objeto de una medida de expulsión administrativa.
También se valoró que se podrá solicitar información para notificar los procedimientos de expulsión y se recordó que la medida excluye a niños, niñas y adolescentes, y a establecimientos educacionales y de salud.
Asimismo, se resaltó que la Policía de Investigaciones (PDI) podrá solicitar por escrito una autorización al juez de garantía para ingresar a un domicilio con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión firme y ejecutoriada.
Las y los senadores hicieron notar el sentido de “urgencia” de la medida; principalmente haciendo alusión a “las consecuencias que han debido enfrentar las regiones del norte del país”, que han enfrentado una “crisis migratoria”.
Con todo, se dejó constancia de que la aplicación de la norma “requiere de recursos”, “capacidad policial” y “coordinación internacional”, por lo que insistieron en la necesidad de contar con las divisas en el presupuesto 2027.
En otro orden, se declaró que “no podemos confundir migración con delincuencia”.