Valparaíso, 30 de Abril de 2025.- Un proyecto que busca reivindicar la autoridad policial -léase Carabineros y Policía de Investigaciones- sancionando penalmente “ofensas graves proferidas en contra de éstos en el ejercicio de sus funciones”, presentó la bancada de Renovación Nacional. La iniciativa, además, aumenta las penas tratándose de atentados contra la autoridad perpetrados respecto de agentes policiales.
En la iniciativa presentada se precisa que el resguardo del orden y la seguridad pública es una “tarea esencial para el ejercicio libre de los derechos fundamentales y una condición básica para la estabilidad del régimen democrático”. Y se agrega que en los últimos años el Congreso se ha esforzado por crear “un estatuto de protección reforzada de los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, principalmente en relación con la integridad de los funcionarios policiales”.
Los diputados RN hacen alusión, además, a la ley “Naín Retamal”, que vino a modificar “diversos aspectos relacionados con el ejercicio de la función policial y que más allá de su contenido específico, importa una señal de política criminal de apoyo a quienes son la primera línea en contra del delito”.
Se recuerda que la ley 20.064 eliminó del Código de Justicia Militar el delito de “desacato”, como “una fórmula especial de injurias en contra de Carabineros. Lo anterior respondió a la derogación del delito de desacato en contra de otras autoridades públicas en 2005”. También se menciona que en 2013 el expresidente Sebastián Piñera buscó reforzar la autoridad policial sancionando las ofensas graves o bien los maltratos no constitutivos de lesión. Algo que no se logró debido a las críticas de la entonces oposición y la iniciativa fue archivada en 2017 con el consentimiento de la expresidenta Michelle Bachelet.
Luego se plantea que la iniciativa propone la incorporación de un tipo penal que sancione la ofensa descomedida contra un funcionario policial. Se establece que quien insulte u ofenda gravemente a Carabineros o a funcionarios de la PDU en el ejercicio de sus funciones será sancionado con la pena de prisión en su grado máximo y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad”.
La iniciativa crea una nueva forma de atentado contra la autoridad, agravada en la medida que el delincuente se valga de multitud. Asimismo, se diferencian las penas dependiendo si el atentado afecta a funcionarios policiales o cualquier otra autoridad pública, asegurando que en el caso de los primeros la pena sea privativa de libertad y multa, sin que el juez pueda elegir entre una y otra.
Por último, se modifica el artículo 134 del Código Procesal Penal de manera tal que se pueda detener en flagrancia a quienes cometen las ofensas, aun cuando se sancionen a título de falta penal.