Parlamentarios además anunciaron que recurrirán a la Contraloría para que emita un pronunciamiento sobre la recontratación.
Valparaíso, 23 de Abril de 2025.- Los diputados de Renovación Nacional Miguel Mellado y Carla Morales manifestaron su profunda preocupación y molestia tras conocerse la decisión del actual director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, de reincorporar como asesora a la exsubinspectora Cristina Vilches, quien fue desvinculada en 2024 por su actuar imprudente en el marco del caso Monsalve, según las propias declaraciones de la entonces autoridad policial.
El diputado Miguel Mellado, presidente de la Comisión Investigadora del caso Monsalve, calificó la recontratación como “inaceptable” y exigió explicaciones públicas al director Cerna. “Puedo no estar de acuerdo con lo que pienso, eso es lo que dice el director de la PDI ahora. Él mismo señaló en la Comisión que la subinspectora Vilches fue apartada por haber actuado de manera imprudente y negligente. ¿Cómo se entiende que ahora vuelva como asesora en el mismo ámbito donde fue cuestionada?”, criticó Mellado.
“Esta recontratación, justo después de cerrada la Comisión Investigadora, no solo resulta sospechosa, sino que también debilita el control parlamentario. Exigimos que la Contraloría se pronuncie sobre la legalidad y pertinencia de esta decisión”, añadió.
Por su parte, la diputada Carla Morales, quien también participó de la instancia fiscalizadora, calificó la medida como una “afrenta al Congreso” y apuntó a la falta de seriedad con que se están manejando decisiones institucionales relevantes.“Lo que ha hecho la PDI es una burla al Parlamento y a la ciudadanía. Justo cuando cerramos una comisión que buscó esclarecer responsabilidades, se recontrata a una funcionaria clave que fue protegida de asistir precisamente porque ya no pertenecía a la institución. Esto socava la confianza pública y demuestra una falta de respeto hacia la labor de fiscalización del Congreso”, enfatizó Morales.
Finalmente, los legisladores anunciaron que solicitarán formalmente un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, y no descartan nuevas acciones fiscalizadoras ante lo que califican como un grave retroceso en probidad y transparencia institucional.