Ginebra, 06 de Noviembre de 2025.- Expertas de la ONU expresaron hoy su profunda preocupación por el hecho de que enmiendas propuestas por el Congreso de la República del Perú fomenten la institucionalización de las personas con discapacidad y, por lo tanto, violen sus derechos humanos.
“Esta enmienda supondrá un retroceso en los esfuerzos de Perú hacia la desinstitucionalización y la vida independiente”, expresaron las Expertas. “La institucionalización constituye una forma de privación de libertad basada en la discapacidad y conlleva un alto riesgo de violencia, abuso y negligencia.”
El 30 de septiembre de 2025, el órgano parlamentario unicameral decidió insistir con la modificación del artículo 29 de la Ley General de Personas con Discapacidad (2012), que aborda el derecho a los servicios de salud y rehabilitación en la comunidad, añadiendo que “el Estado promueve la creación de centros asistenciales especializados y albergues temporales para la persona con discapacidad, bajo el enfoque de derechos.” La enmienda propuesta está ahora pendiente de la votación final del Congreso antes de su promulgación.
Una enmienda anterior propuesta por el Congreso se refería a “albergues temporales y permanentes” y fue vetada por el presidente de la República en mayo de 2025. Las Expertas acogieron con satisfacción esta decisión, ya que la enmienda propuesta estaba en conflicto con las obligaciones contraídas en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), en particular el artículo 19 sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
“Los planes de seguir adelante con la enmienda, aunque sin la palabra ‘permanente’, siguen siendo problemáticos, ya que el texto puede proporcionar una base jurídica para la creación de nuevas instituciones”, dijeron las expertas. “Sabemos por otras experiencias que las soluciones ‘temporales’ y ‘especializadas’ tienden a convertirse en soluciones a largo plazo y conducen a la exclusión y la segregación, al tiempo que desvían los recursos presupuestarios de los servicios comunitarios.”
“Nos preocupa que el Congreso Peruano esté llevando a cabo esta reforma sin haber consultado de manera significativa a las personas con discapacidad y a sus organizaciones representativas”, dijeron.
Las expertas instaron al Congreso a retirar la reforma de la enmienda propuesta, consultar a las personas con discapacidad y garantizar que toda la legislación que les afecte directamente refuerce los servicios y el apoyo comunitarios como condición previa para una vida independiente y autónoma.
Por último, reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades nacionales y a prestar asistencia técnica para armonizar el marco legislativo nacional sobre las personas con discapacidad con las normas internacionales de derechos humanos.
Las Expertas han estado previamente en contacto con el Gobierno en relación a estas preocupaciones.