Esta mañana, la titular del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, acompañada de representantes de la sociedad civil y el Contralor General de la República, participó en un panel que revisó parte de los desafíos que marcarán el desarrollo del nuevo gobierno y las discusiones de fondo de la Convención Constitucional.
Se planteó la necesidad de una agenda desde el día uno en materia anticorrupción y se analizó la licitación del litio, que acorde a lo señalado por el Contralor no sería una cuestión de legalidad, sino de desconfianza en las autoridades.
Un contexto marcado por una profunda crisis de confianza y el rol de la transparencia para construir puentes que permitan superar la brecha entre la ciudadanía y las instituciones, fueron algunos de los principales desafíos que enfrentará el gobierno entrante y la Convención Constitucional, acorde a lo planteado en el marco de un seminario sobre el ciclo político que se inicia a nivel nacional organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT).
Santiago, 17 de Enero de 2022.- El encuentro contó con la participación de la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, quien se refirió a la actual situación del país, el que pese a evidenciar buenos índices de calidad de la democracia en comparación con otras naciones de la región, ha levantado alertas asociadas a la baja de los niveles de confianza, derivada de una serie de escándalos conocidos en los últimos años.
Para enfrentar esta situación, la titular de Transparencia apuntó a superar las “miradas atomizadas” y priorizar una perspectiva sistémica que se sustente en el trabajo coordinado entre distintas instituciones que luchan contra la corrupción, incluyendo el perfeccionamiento de normas y la participación de la sociedad civil, que considera clave para alcanzar logros sustentables.
El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien también integró el panel de especialistas, coincidió con este abordaje más integral y se refirió a la necesidad de que en este ciclo político se busque superar ciertas prácticas que se han evidenciado entre autoridades asociado a una brecha “entre lo que se dice y lo que se hace”; “ese espacio –dijo- genera una cultura tóxica y caldo de cultivo para un montón de otros tipos de males que afectan a la sociedad”. Asimismo apuntó a la relevancia de priorizar principios éticos en el ejercicio de la función pública.
Otra de las panelistas, Valeria Lübbert, directora de Democracia y anticorrupción de Espacio Público, coincidió en la idea de que en este período es clave la transparencia, “sobre todo porque lo que se necesita es reconstruir puentes con la ciudadanía y para eso la transparencia es una cuestión de la esencia”. Respecto de los desafíos del gobierno entrante planteó la necesidad de no ser reactivos y “construir una agenda, sin esperar que ocurran casos de corrupción al que reaccionar y tomar la agenda desde el primer día”.
En tanto, María Jaraquemada, Oficial de programas de IDEA Internacional, afirmó que la transparencia tendrá un espacio central, impulsada por una importante demanda ciudadana, a lo que sumó la necesidad de rendir cuentas y de acceder a la información, cuestiones necesarias para la participación ciudadana.
Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, destacó las normas en diversos ámbitos asociados a transparencia y anticorrupción que se han implementado en el país, pero hizo un llamado a avanzar más allá y promover una transparencia proactiva y que no sólo se quede con lo que establece la legislación actual. Una propuesta similar planteó en materia de derecho de acceso a la información, ejemplificando que municipios pueden publicar información pero ésta no es fácilmente accesible .
Licitación del litio
A modo de ejemplo sobre el impacto de la crisis de confianza en el escenario político, algunos de los panelistas refirieron a la licitación del litio, que ocupó el debate público en las últimas semanas.
“La transparencia y el acceso a la información pública tienen que estar al servicio de las personas para hacer más comprensible el mundo para las personas”, dijo De la Fuente citando al filósofo español Daniel Innerarity. Comentó que “no basta con tener muchísima información pública, no sacamos mucho si no ponemos en esto una mirada ciudadana que haga que el accionar del Estado y los fundamentos de las acciones del Estado, a propósito de lo que se señaló sobre el Litio, sean conocidas. Que las personas confíen y reconozcan y entiendan la información de los distintos organismos públicos”.
Una idea similar planteó Jaraquemada de IDEA Internacional, quien comentó que “muchas veces lo que falla es la comunicación y el informar por qué se toman determinadas decisiones, cuáles son todas las variables que se consideraron”.
El Contralor en tanto apuntó a que estos fenómenos complejizan la cooperación mutua y el avance como sociedad. “La ciudadanía ya no cree que quienes están en cargos de poder están ahí para servir a la comunidad, para entregar al servicio público sino que más bien están para servir sus propios intereses”. “Hoy no se cree que lo que hacen las autoridades sea algo que vaya a beneficiar a todas las personas, a la sociedad en su conjunto, a los pueblos originarios que pueden ser impactados, o que vaya a servir a generaciones futuras. En realidad, eso no es un problema de legalidad”, espetó.
Convención Constitucional
De la Fuente reconoció que Chile ha avanzando en varias normas en transparencia, integridad y anticorrupción, pero afirmó que falta una mirada integral de la transparencia e integridad en lo público y para ello la Convención es una “enorme oportunidad”.
María Jaraquemada por su parte destacó una serie de nuevas formas de actuar de esta instancia inédita en materia de transparencia –como por ejemplo en materia de votaciones y transmisiones de comisiones-, pese a las críticas que ha recibido, punto en el que coincidió Lübbert de Espacio Público.
A juicio de la representantes de IDEA Internacional, uno de los retos es entender cómo queremos que la transparencia opere “para que realmente sea útil y vayamos restaurando las confianzas”, dado que este principio debe plasmarse en el quehacer de instancias como la Convención Constitucional, subrayando sobre el particular que no se trata de que “todo sea una cocina o un reality show”.