“En conclusión, la iniciativa en cuestión pretende aumentar los estándares de protección aplicables a los testigos en nuestro proceso penal, especialmente, de cara a procedimientos altamente conflictivos o de alto riesgo vinculados al crimen organizado. Considerando aquello, y no obstante la importancia de la preocupación subyacente, la propuesta normativa da lugar a comentarios diferenciados”.
Santiago, 12 de Junio de 2024.- Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el lunes 10 de junio recién pasado– analizó el proyecto de ley, iniciado en moción, que “modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de reforzar la seguridad y protección de los testigos que comparezcan al juicio oral, en los casos que indica”. Informe que fue remitido ayer, 11 de junio, a la presidencia del Senado.
“En conclusión, la iniciativa en cuestión pretende aumentar los estándares de protección aplicables a los testigos en nuestro proceso penal, especialmente, de cara a procedimientos altamente conflictivos o de alto riesgo vinculados al crimen organizado. Considerando aquello, y no obstante la importancia de la preocupación subyacente, la propuesta normativa da lugar a comentarios diferenciados”, plantea el pleno de ministros.
Para la Corte Suprema: “Primero, parece poco sistemática con relación a los niveles de protección que nuestro sistema actualmente establece para los testigos; lo que incluso podría resultar contraproducente”.
“Segundo, promueve una actualización que, aunque perfectible, parece razonable y adecuada de los márgenes de penalidad asociados al incumplimiento de estas medidas de protección por parte de los funcionarios públicos”, añade.
“Tercero, parece incorporar criterios excesivamente laxos en relación con los cambios recursivos que propone. Un recurso de apelación extraordinario solo parece razonable para casos verdaderamente graves, y un trámite de consulta como el que propone, parece excesivo, poco eficiente, y además es propio de un sistema inquisitivo y no adversarial, como el que nos rige”, advierte el informe.
“En síntesis –ahonda–, aunque la iniciativa obedece a razones justificadas y cuenta con puntos rescatables, ella podría ameritar algunas revisiones profundas. Solo así, podría estar en condiciones de asegurar, tanto la integridad y eficacia del modelo persecutorio chileno, como el pleno respeto al debido proceso de ley”.
“Finalmente, cabe hacer presente que la materia consultada encuentra correspondencia, con mayor o menor similitud, con otros dos proyectos de ley (boletines N°16.339-07, proyecto de ley que ‘Modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de regular la adopción, vigencia y alzamiento de las medidas de protección a los testigos que indica’, y N°16.326-07, proyecto de ley que ‘Modifica el Código Procesal Penal, para no permitir la revisión judicial de la medida de reserva de identidad, en los casos que indica’), sobre los cuales también se ha pedido opinión a la Corte Suprema y que serán informados por este tribunal”, concluye.