Santiago, 23 de julio 2025.- La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, hoy, valoró la resiliencia de la sociedad y los avances institucionales alcanzados para garantizar estos derechos. Aunque advirtió que existen transformaciones que requieren atención urgente.
En sus observaciones al concluir una visita oficial al país, Romero destacó esfuerzos importantes, aunque insuficientes, por avanzar en garantías de no repetición frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social en 2019.
“La formalización de tres altos mandos de Carabineros representa un avance inédito hacia la justicia y un posible referente regional. Sin embargo, la persistencia de la impunidad y la falta de mecanismos efectivos de reparación integral agravan el sufrimiento de las víctimas y sus familias”, afirmó.
Romero manifestó su preocupación por los casos de personas que han quedado con secuelas irreversibles, como la pérdida de visión. “El respeto a la memoria del estallido, la construcción de un relato común de lo ocurrido, la reparación integral, fin de la impunidad y los avances en reformas institucionales, son condiciones indispensables para garantizar la no repetición”, indicó.
La relatora advirtió que la reunión pacífica, que incluye la protesta social, no puede estar supeditada a normas administrativas, y que su protección legal sigue siendo una deuda del Estado.
“Además, es indispensable asegurar que todas las normas que afectan el ejercicio práctico del derecho estén alineadas con los estándares internacionales, incluido el proyecto de Ley sobre uso de la fuerza” ella dijo
En Chile Romero indicó que encontró una sociedad que busca construir un futuro más inclusivo y sanar las heridas del pasado. “Que algunos procesos constitucionales no hayan prosperado no debe desalentar una movilización social que antes logró impulsar transformaciones. La democracia y la inclusión social exigen mayor participación ciudadana, acción colectiva y reconstruir la confianza social”, la experta dijo..
Ella escuchó testimonios que dan cuenta de una posible aplicación arbitraria y discriminatoria de las normas, lo que provoca que el derecho a la reunión pacífica se garantice para algunos actores, pero se restrinja para otros. Romero expresó preocupación por la falta de garantías y represalias contra ciertos grupos al ejercer su derecho de asociación, y llamó al Gobierno a asegurar un entorno seguro e inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas. La Relatora especial valoró la disposición de la Comisión de Derechos Humanos del Senado para avanzar en la regulación sobre el derecho de reunión y su llamado al Ejecutivo a revisar los proyectos existentes y darles urgencia.
Romero presentará un informe completo sobre su visita ante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2026.