Ginebra, 08 de Enero de 2026.- Una futura transición en Venezuela debe estar firmemente basada en el derecho internacional de los derechos humanos, anclada en la verdad y la rendición de cuentas, y guiada por los derechos y aspiraciones del pueblo venezolano, afirmó hoy un experto* de la Naciones Unidas en derechos humanos.
“En este momento de inmensa incertidumbre, proteger los derechos, abordar los abusos del pasado y garantizar salvaguardias para el futuro es el único camino hacia una paz y una dignidad duraderas”, dijo Bernard Duhaime, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición.
“Una transición no puede ser impuesta por potencias extranjeras. Debe ser moldeada y asumida por el propio pueblo venezolano, libre de interferencias o presiones externas”, señaló Duhaime, sumándose a la conmoción por la intervención militar estadounidense en Venezuela y la posterior aprehensión de Nicolás Maduro, que —dijo— violan de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas.
El Relator Especial subrayó que cualquier futura transición debe abordar las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido contra la población venezolana en las últimas décadas y fortalecer el Estado de derecho.
“La verdad, la rendición de cuentas, las reparaciones para las víctimas y sólidas garantías de no repetición deben constituir el núcleo de dicho proceso”, afirmó el experto. Destacó que numerosas organos y mecanismos de derechos humanos han alertado, año tras año, sobre violaciones masivas de derechos humanos incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y de género, y restricciones a las libertades públicas.
“Los procesos de transición deben abordar los daños del pasado, proporcionar reparación e institucionalizar salvaguardias mediante reformas, procesos de depuración y medidas firmes en materia de Estado de derecho, para evitar que los abusos se repitan”, dijo Duhaime. “Sin estos fundamentos, una transición inevitablemente fracasará.”
También advirtió que la transición no puede diseñarse en torno a, ni estar impulsada por, intereses que ignoren los derechos, necesidades y demandas de las personas.
“Un proceso de transición no puede estar guiado únicamente por consideraciones comerciales, y menos aún por consideraciones extranjeras”, dijo el Relator Especial. “Las inversiones y la reconstrucción deben alinearse con los principios de igualdad, no discriminación y justicia social, garantizando que los beneficios lleguen a todas las personas, especialmente a las más marginadas”.
“Ninguna transición puede desarrollarse eficazmente en un contexto de inestabilidad, inseguridad o violencia”, afirmó el experto. “Requiere seguridad para la población, protección del espacio cívico y un compromiso sólido y sostenido con los derechos humanos por parte de todos los actores, incluida la participación significativa de mujeres, jóvenes y todos los demás grupos marginados”.
Aunque profundamente preocupado por el contexto en el que fueron invocadas, Duhaime expresó inquietud por el estado de emergencia declarado por las autoridades venezolanas, que permite la restricción o suspensión de ciertos derechos, incluidos la libertad de circulación y el derecho de reunión y protesta pacífica. Subrayó que la declaración del estado de emergencia debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y respetar los derechos no derogables en virtud del derecho internacional.
El Relator Especial reiteró su disposición a apoyar al pueblo venezolano y a todas las partes involucradas para garantizar que cualquier proceso de transición respete las normas internacionales de derechos humanos y fomente los derechos y la dignidad de la población venezolana.