Ginebra, 16 de Enero de 2026.- En el tercer aniversario de la desaparición forzada de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, expertos de la ONU* exigieron respuestas inmediatas sobre la suerte y el paradero de los dos defensores de derechos humanos mexicanos.
“Las autoridades mexicanas deben cumplir con sus obligaciones internacionales, entre ellas la de investigar la desaparición forzada, realizar una búsqueda activa, determinar su suerte y paradero y sancionar penalmente a los perpetradores”, señalaron los y las expertas.
El 15 de enero de 2023, Ricardo Lagunes, abogado de derechos humanos, y Antonio Díaz, líder indígena, desaparecieron forzadamente en el estado de Colima, México. Su desaparición forzada ocurrió en el contexto de un conflicto en curso por recursos naturales entre la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Michoacán, y la empresa minera Ternium, con sede en Luxemburgo (parte del Grupo Techint argentino-italiano). Fueron vistos por última vez tras asistir a una reunión comunitaria para discutir acciones colectivas en respuesta a los impactos en derechos humanos derivados de las operaciones de la empresa minera.
“Negándose a sucumbir a la desesperación tras la desaparición forzada, las familias del señor Lagunes y del señor Díaz han emprendido una incansable búsqueda de verdad y justicia durante los últimos tres años”, afirmaron las y los expertos, señalando que hasta ahora las autoridades no han brindado una respuesta efectiva y que la empresa involucrada presuntamente no ha cooperado plenamente con las investigaciones y las actividades de búsqueda en curso.
Los casos han sido registrados bajo el procedimiento de Acciones Urgentes del Comité contra las Desapariciones Forzadas y cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reconocen el riesgo grave, urgente e irreparable que enfrentan los dos defensores de derechos humanos.
“Las desapariciones forzadas tienen un efecto amedrentador sobre las personas defensoras de derechos humanos, incluidas aquellas que defienden la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente, así como sobre líderes indígenas, y sirven para silenciar voces críticas”, afirmaron las y los expertos, instando al Gobierno a garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan llevar a cabo su labor en un entorno seguro, entre otras medidas mediante el fortalecimiento del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos.
Se ha informado que en el contexto de proyectos de extracción de recursos, con frecuencia las empresas han sembrado y exacerbado divisiones comunitarias, incitando a la violencia entre poblaciones con posturas opuestas respecto de los proyectos y el uso de la tierra y los recursos naturales. “El Gobierno debe garantizar que las empresas respeten los derechos humanos en todas sus actividades conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, incluso cuando interactúan con personas defensoras de derechos humanos y comunidades afectadas”, indicaron.
Los y las expertas recordaron que las empresas deben evitar vulnerar los derechos humanos de terceros y que, en particular, cuando existen denuncias de desaparición forzada, se espera que cooperen eficazmente con las investigaciones y las actividades de búsqueda, incluso asistiendo a las autoridades en la recopilación y provisión de todas las pruebas de las que dispongan.
Además, de conformidad con las normas internacionales y la jurisprudencia en evolución, las empresas deben abordar los impactos negativos en los derechos humanos en los que estén involucradas, incluso proporcionando o cooperando en su reparación. Las empresas también deben adoptar medidas efectivas para prevenir y mitigar estos impactos.
Los y las expertas están en contacto con el Gobierno de México y con la empresa involucrada al respecto.