La iniciativa incorpora nuevas herramientas de protección, mejora la coordinación entre tribunales y fortalece el control del cumplimiento de las medidas cautelares.
Coquimbo, 31 de Agosto de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, avanza un proyecto de ley que perfecciona el sistema de medidas cautelares y entrega nuevas herramientas para responder de manera más oportuna frente a situaciones de riesgo.
La iniciativa contempla modificaciones a distintos cuerpos legales, entre ellos las leyes sobre Violencia Intrafamiliar, Violencia contra las Mujeres, Tribunales de Familia y monitoreo telemático, además del Código Procesal Penal.
Para el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Humberto Bermúdez, se trata de una iniciativa que apunta directamente a mejorar la respuesta del Estado y evitar que las víctimas queden expuestas durante la tramitación de sus causas, “valoramos este proyecto porque pone en el centro algo que es
fundamental, la protección de las víctimas no puede tener vacíos. Cuando una causa pasa de un tribunal a otro, cuando existen nuevas formas de hostigamiento o cuando una medida cautelar es incumplida, el sistema debe ser capaz de responder con claridad y oportunidad. Esta iniciativa avanza precisamente en esa dirección”, señaló el seremi.
Uno de los aspectos relevantes del proyecto es que busca asegurar la continuidad de la protección cuando una causa transita entre los tribunales de Familia y el sistema penal, estableciendo reglas para mantener la supervisión judicial mientras se resuelven eventuales conflictos de competencia y
mandatando la elaboración de un protocolo de coordinación entre ambos tipos
de tribunales.
“Con este proyecto, estamos dando un gran paso para disminuir brechas en la protección de mujeres que sufren violencia. No basta con decretar cautelares, necesitamos asegurar el cumplimiento durante todo el proceso, fortalecer herramientas como el monitoreo telemático, mejorar la coordinación interinstitucional, además de entregar herramientas para que el estado pueda sancionar frente al incumplimiento de alguna de estas medidas”, explicó la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la región de Coquimbo, Rudy Rivera.
El proyecto también fortalece el monitoreo y control de las medidas cautelares, ampliando las facultades de los inspectores de seguridad municipal para colaborar en su cumplimiento, eliminando el requisito de formalización para solicitar supervisión mediante monitoreo telemático y precisando las consecuencias frente a la destrucción o inutilización intencional de los
dispositivos.
A ello se suma la posibilidad de designar un juez o jueza preferente en materias de violencia intrafamiliar en aquellos tribunales de garantía integrados por más de tres jueces, con el propósito de favorecer una tramitación especializada y una mayor continuidad en el conocimiento de estas
causas.
Finalmente, la propuesta incorpora una modificación al Código Procesal Penal para que, al evaluar la procedencia de la prisión preventiva, el tribunal deba ponderar la entidad y las circunstancias del incumplimiento de determinadas medidas cautelares. Esto no implica una aplicación automática de la prisión preventiva, sino que busca que dicho incumplimiento sea considerado como antecedente calificado al evaluar el riesgo para la seguridad de la víctima.