Por Dra. Michelle Mieres Brevis
Académica Facultad Administración y Negocios
Universidad Autónoma de Chile, Sede Temuco
Hace poco la Universidad Autónoma de Chile publicó el Índice de Desarrollo Regional (IDERE) 2023, una herramienta muy valiosa para entender cómo se comporta el desarrollo en nuestro país. Como siempre, el IDERE ofrece un análisis multidimensional que abarca desde educación y salud hasta conectividad y seguridad. Pero este año, los resultados son un llamado de atención urgente: las brechas regionales no solo persisten, sino que se han profundizado en varios aspectos.
El IDERE 2023 expone, con una claridad tal vez incómoda, cómo la pandemia de COVID-19 no solo impactó en la salud y la economía de las regiones, sino que también agravó las desigualdades preexistentes. Todas las regiones cayeron en su IDERE respecto a 2019, (excepto Magallanes), provocando que gran parte de ellas hayan dejado de pertenecer al grupo de desarrollo medio, para anidar en el grupo de desarrollo bajo. Si bien es cierto que regiones como Magallanes y la Metropolitana siguen liderando en desarrollo, lo que realmente preocupa es la creciente distancia entre estas y las regiones más rezagadas, como el Ñuble y nuestra querida región de La Araucanía. ¿De qué nos están alertando?, que no solo estamos retrocediendo en términos de desarrollo, sino que estamos permitiendo que las diferencias entre regiones se hagan más grandes y difíciles de superar.
El IDERE no es un índice que se quede en la superficie, creo va más allá de ser un simple ranking. Su enfoque multidimensional nos permite ver, por ejemplo, cómo la falta de conectividad en regiones como Aysén y Ñuble no solo limita el acceso a internet, sino que también restringe oportunidades económicas, educativas y sociales; o nos permite centrar la atención en la dimensión de seguridad, la cual sigue mostrando brechas significativas entre las regiones del norte del país y el resto de Chile. Regiones como Tarapacá y Antofagasta siguen estando en la parte más baja del índice en esta dimensión, lo que refleja un problema crónico de inseguridad que no solo afecta la calidad de vida, sino que también limita las oportunidades de desarrollo económico y social. Aquí, el IDERE nos da una pista clara: no podemos hablar de desarrollo si no abordamos primero las condiciones básicas de seguridad que permitan a las personas vivir y trabajar en paz.
Las políticas públicas se deben alinear con la realidad territorial que se nos revela. No podemos seguir adelante sin un enfoque más descentralizado hacia las regiones que más lo necesitan. Como país, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de desarrollarse, sin importar en qué región vivan. Si realmente queremos avanzar hacia un desarrollo más equitativo, es imperativo que utilicemos este índice como una guía para la acción. No basta con reconocer que existen diferencias, debemos actuar para cerrarlas, y el IDERE nos muestra por dónde empezar.