El Acuerdo se suma a otras 8 resoluciones aprobadas por la Sala de Sesiones que solicitan al Primer Mandatario medidas en diversas materias.
Valparaíso, 06 de Septiembre de 2025.- La Sala de la Cámara acordó manifestar al Presidente Gabriel Boric su preocupación por la gestión del Gobierno en la provisión de los servicios de salud, en tanto, no permite el ejercicio pleno del derecho a la salud por parte de las y los chilenos.
El documento, impulsado por diputadas y diputados de la Bancada RN, contó con 109 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones. El Acuerdo 47 sostiene que el sistema de salud enfrenta una crisis que se agravó en la actual administración.
En cifras, señala que, en el primer trimestre de 2025, las listas de espera en el sistema público superan los 2 millones y medio de personas, siendo el índice más alto registrado. Además, crítica el promedio de tiempos de espera en prestaciones, incluidas las GES.
También denuncia una grave crisis de financiamiento en hospitales públicos, acentuada por “un alza de demanda no prevista por efecto del momento económico recesivo y del aumento de la población migrante, lo que lleva a más personas a buscar atención gratuita”.
El texto concluye que el Gobierno ha gestionado de manera ineficiente el sistema de salud, empeorando indicadores claves y debilitando políticas sanitarias que fueron exitosas en tiempos de la pandemia por Coronavirus, como la cooperación público-privada.
Fiscalización de licencias médicas
Por 124 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, respaldó, además, la resolución 1528 que llama al Primer Mandatario a que instruya a los organismos competentes adoptar todas las medidas necesarias para fortalecer la fiscalización del uso indebido de licencias médicas en el sector público.
La petición presentada por el diputado Andrés Giordano recalca que la situación conocida de funcionarios públicos que viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia, puede dar cuenta de abusos, vacíos normativos o controles ineficaces en la administración pública.
Por ello, la idea es elevar los estándares de la fiscalización, para sancionar a quienes hacen mal uso del instrumento y proteger de manera efectiva a los trabajadores que realmente necesitan hacer uso de estos permisos.