Guatemala, 24 de Mayo de 2025.- El sistema jurídico de Guatemala se encuentra en una coyuntura crucial, advirtió hoy una experta de la ONU*, subrayando que el futuro democrático del país depende de cómo se manejen los nombramientos judiciales y el derecho penal en los próximos meses.
“Aunque el respeto de los límites institucionales es vital en una democracia constitucional, nunca debe convertirse en una excusa para la inacción cuando están en juego los derechos humanos. Cada poder del Estado, y cada órgano dentro de esos poderes, tiene la obligación efectiva de garantizar un sistema de justicia independiente, imparcial y eficaz. Se lo deben al pueblo guatemalteco”, afirmó Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, en una declaración al término de su visita oficial al país.
La Relatora Especial observó información creíble y profundamente preocupante sobre influencias indebidas en los nombramientos judiciales, incluido el tráfico de votos, la coacción a miembros de las Comisiones de Postulación y procesos de evaluación viciados que premian la lealtad política por encima de los méritos profesionales.
Satterthwaite subrayó la importancia del año 2026, cuando Guatemala debe nombrar nuevos magistrados para el Tribunal Supremo Electoral, para la Corte de Constitucionalidad y un nuevo o nueva Fiscal General. “Queda mucho por hacer para adecuar la práctica guatemalteca a sus obligaciones internacionales de salvaguardar la selección judicial de motivos indebidos,” dijo.
La experta deploró ser testigo de un cuadro consistente y alarmante de criminalización. “La instrumentalización del derecho penal por parte del Ministerio Público parece equivaler a una privación sistemática, intencionada y grave de los derechos humanos fundamentales dirigida contra grupos específicos”, afirmó. “Esta persecución parece intensificarse, ya que quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos, o denunciar los abusos de poder; se enfrentan cada vez más al acoso digital, las amenazas y la imposición de cargos penales.”
La Relatora Especial subrayó que el Gobierno de Guatemala debe adoptar todas las medidas disponibles para poner fin a la criminalización. El Ministerio Público debe detener inmediatamente esta práctica. Los jueces deben identificar los casos que apuntan a una criminalización y evaluar el caso de manera independiente e imparcial de acuerdo a la ley y la Constitución, incluyendo las normas de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad.
“Las universidades, el Colegio de Abogados y otros organismos de supervisión deben hacer cumplir rigurosas normas de acreditación, ética profesional y lucha contra la corrupción, garantizando que la profesión jurídica vuelva a actuar como baluarte contra la impunidad – y no como una puerta trasera para la misma”, afirmó Satterthwaite. “La acción coordinada no puede dejarse en manos de la siguiente institución en línea en la cadena de rendición de cuentas. El ciclo de nombramientos de 2026 corre el riesgo de cimentar un sistema de justicia en el que la ley no es más que un arma de conveniencia y no una garantía de derechos.”