Ginebra, 20 de Febrero de 2025.- Un grupo de expertos independientes en derechos humanos* expresó hoy su profunda preocupación por las denuncias de hostigamiento político, administrativo y judicial contra la Vicepresidenta de Ecuador, María Verónica Abad Rojas, y por la naturaleza especifica y diferenciada en función de género de estos ataques.
«El caso de la Vicepresidenta Abad parece ser un precedente alarmante que pone en p peligro el carácter democrático de las elecciones en Ecuador, socava la participación de las mujeres en la vida pública y viola principios fundamentales de igualdad y no discriminación», dijeron los expertos.
Los expertos señalaron que las medidas presuntamente adoptadas contra la Vicepresidenta Abad, incluyendo su exclusión arbitraria de funciones, el uso indebido de sanciones administrativas y la persecución judicial contra su entorno familiar y legal, constituirían graves violaciones de sus derechos políticos y dels estado de derecho. Tales acciones serían contrarias a las obligaciones internacionales de Ecuador bajo la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
“Se informa que, desde su posesión en 2023, la Vicepresidenta Abad ha enfrentado una serie de medidas coercitivas, incluyendo su designación como ‘Embajadora para la Paz’ en el conflicto israeli-palestino sin recursos adecuados, y su traslado forzoso a Israel y posteriormente a Turquía, lo que comprometió su seguridad personal y familiar”, dijeron los expertos. Agregaron que en septiembre de 2024, el Gobierno habría iniciado un proceso administrativo irregular en su contra por «abandono injustificado del cargo», a pesar de que su ausencia fue resultado de una orden ejecutiva del Gobierno.
Los expertos señalaron que el 8 de noviembre de 2024, el Ministerio de Trabajo habría emitido una resolución que ordenó su suspensión sin remuneración por 150 días, en flagrante contradicción con la Constitución ecuatoriana. “A pesar de que la justicia ecuatoriana declaró inconstitucionales estas medidas, el Ejecutivo habría mantenido la suspensión, llegando incluso a que los militares bloquearan su acceso a la Vicepresidencia”, señalaron.
Los expertos también expresaron su preocupación por la presunta detencion arbitraria del hijo mayor de la Vicepresidenta, Francisco Sebastián Barreiro Abad, durante 46 días, y de su abogado, detenido en enero de 2025.
«Estos actos parecen constituir un uso indebido del sistema judicial para reprimir y silenciar a una alta funcionaria del Estado y a su equipo legal, en violación de los principios del debido proceso e independencia judicial», señalaron los expertos.
Subrayaron que la situación se había agravado por el contexto electoral en el que el Presidente de la República se habría negado a dejar su cargo durante la campaña, en contravención de la Constitución, y nombró a una sucesora sin legitimidad electoral, en lugar de permitir que la Vicepresidenta Abad asumiera la Presidencia.
Los expertos instaron a las autoridades ecuatorianas a cumplir con los fallos judiciales para restablecer los derechos de la Vicepresidenta Abad y garantizar un proceso electoral libre y transparente.
«El incumplimiento de fallos judiciales, la persecución política y la manipulación del sistema judicial son incompatibles con los principios fundamentales del derecho internacional y deben cesar de inmediato», concluyeron los expertos.