A días del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, la organización cuestionó las capacidades del Estado para anticipar emergencias como el aluvión de Las Condes y llamó a corregir los recortes contemplados en el Presupuesto 2027.
Santiago, 13 de Octubre de 2026. A días de conmemorarse el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, Greenpeace hizo un llamado a fortalecer las capacidades de prevención y adaptación del país, luego del aluvión que afectó este jueves a la comuna de Las Condes, dejando más de un centenar de damnificados, personas lesionadas y daños en viviendas e infraestructura.
Para la organización, lo ocurrido vuelve a evidenciar que los desastres son socionaturales, pues en su origen y consecuencias confluyen las condiciones geográficas y climáticas con decisiones humanas, como la ocupación de zonas de riesgo, la degradación de los ecosistemas y las medidas de prevención que se implementaron o quedaron pendientes.
«Lo ocurrido en Las Condes nos recuerda que Chile necesita prepararse mejor para enfrentar fenómenos extremos. No podemos evitar las lluvias intensas o los terremotos, pero sí podemos reducir sus consecuencias. Eso exige planificación territorial, gestión del riesgo de desastres, conocimiento científico, sistemas de alerta y recursos para anticiparnos, en lugar de seguir actuando cuando el daño ya está hecho», señaló Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace Chile.
Tras el aluvión, Senapred explicó que el fenómeno fue tan repentino que no existió tiempo suficiente para anticipar una evacuación ni activar el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). Para Greenpeace, esta explicación abre una discusión sobre las capacidades científicas, tecnológicas e institucionales que Chile necesita fortalecer para identificar oportunamente los riesgos y prevenirlos o mitigarlos, para así proteger a las comunidades ante su ocurrencia.
«Si hoy el Estado nos dice que no hubo tiempo para anticipar lo ocurrido, debemos preguntarnos qué necesitamos para que la próxima vez sí exista esa posibilidad. Pero también debemos cuestionarnos por qué la respuesta estatal parece avanzar a distintas velocidades según el territorio afectado», sostuvo Espinosa, recordando que mientras en la Región Metropolitana se declaró oportunamente zona de catástrofe, en la Región de Coquimbo el Ejecutivo tardó varios días en adoptar la misma medida. «La seguridad de las personas no puede depender de la comuna donde viven ni de la atención mediática que recibe una emergencia», enfatizó.
El desafío de prevenir frente a un presupuesto que retrocede
La necesidad de fortalecer la prevención también se refleja en la percepción ciudadana. Según una
reciente encuesta nacional de Greenpeace, el 82% de los chilenos afirma haber percibido cambios
climáticos o ambientales en el lugar donde vive durante los últimos cinco años, mientras que el 51% cree que los eventos extremos aumentarán durante la próxima década, En ese contexto, un 76% espera que el Gobierno incremente su acción frente al medio ambiente y el cambio climático.
Sin embargo, mientras la ciudadanía reconoce los riesgos y exige mayor acción, el proyecto de
Presupuesto 2027 parece avanzar en la dirección contraria: contempla una reducción del 19,3% en el programa de Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente y un recorte del 59,1% en la asignación específica para Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). Una decisión que Greenpeace cuestiona especialmente en un contexto donde las emergencias recientes han vuelto a evidenciar la necesidad de fortalecer las capacidades de prevención y adaptación del país.
En el marco de su campaña Ni un paso atrás, la organización advirtió que la discusión presupuestaria representa una oportunidad concreta para corregir este retroceso y exigió al Congreso asegurar los recursos necesarios para que Chile pueda anticiparse a los riesgos climáticos, en lugar de limitarse a responder a sus consecuencias.
«Cada nueva emergencia debería dejarnos aprendizajes que se traduzcan en mejores políticas públicas. Sin embargo, mientras los riesgos aumentan y la ciudadanía exige mayor acción, el Gobierno propone reducir los recursos destinados a enfrentar la crisis climática. El Congreso tiene hoy la responsabilidad de corregir esta decisión y garantizar que el país cuente con las herramientas necesarias para proteger a sus comunidades. Porque invertir en prevención y adaptación climática también es invertir en seguridad para las personas», concluyó Silvana Espinosa, vocera de Greenpeace Chile.
Foto: © Cristobal Olivares Greenpeace









