Ginebra, 03 de Junio de 2026.- Los y las expertas de la ONU* expresaron hoy su consternación por la muerte bajo custodia del líder indígena miskitu y diputado Brooklyn Rivera, así como por las denuncias de desaparición forzada de siete integrantes de su familia que habían acudido a reclamar sus restos.
“Es indignante que las reiteradas advertencias y llamados a la protección no hayan sido atendidos. Consideramos un acto de crueldad que el Gobierno de Nicaragua, según denuncias, no permita a la familia de Brooklyn Rivera tomar decisiones sobre los ritos funerarios y el entierro de sus restos”, señalaron las personas expertas.
Pidieron una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre las circunstancias de la muerte de Rivera, conforme a las normas internacionales, en particular el Protocolo de Minnesota, y que los responsables rindan cuentas.
“Una muerte bajo custodia y las denuncias de malos tratos implican una mayor responsabilidad del Estado de esclarecer plenamente lo ocurrido, especialmente teniendo en cuenta que Rivera permaneció en desaparición forzada durante un período prolongado”, afirmaron.
Los mecanismos de derechos humanos de la ONU han seguido este caso desde 2023 y han expresado reiteradamente preocupación por la vida, la integridad física, la salud y el bienestar de Brooklyn Rivera. El 22 de agosto de 2025, expertos en derechos humanos escribieron al Gobierno de Nicaragua sobre la presunta detención arbitraria y desaparición forzada de Rivera. También solicitaron pruebas de vida a las autoridades nicaragüenses, tras los rumores de su muerte bajo custodia. No hubo respuesta.
“Las graves violaciones cometidas contra Brooklyn Rivera y su familia deben cesar. El Gobierno de Nicaragua debe revelar la suerte y el paradero de los siete familiares desaparecidos y liberarlos de inmediato”, señalaron las y los expertos.
Instaron a las autoridades a respetar de inmediato los derechos de la familia de Rivera, incluida la concesión de acceso a toda la información y los registros pertinentes, la garantía de su participación en las decisiones relativas a sus restos y la autorización para que los ritos funerarios se lleven a cabo de conformidad con los deseos de la familia y las tradiciones miskitas.
El caso de Brooklyn Rivera se inscribe en un contexto de grave y sostenido deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. El 1 de mayo de 2026, expertos del Consejo de Derechos Humanos advirtieron de un patrón de desapariciones forzadas, detención en régimen de incomunicación y condiciones de detención que podrían constituir tortura u otros tratos crueles. En marzo de 2026, el informe de un Grupo de Expertos sobre Nicaragua describió la represión y persecución por parte de las autoridades como sistemáticas, constituyendo, prima facie, crímenes de lesa humanidad.
“El caso de Rivera no puede separarse del contexto más amplio y profundamente preocupante de derechos humanos en Nicaragua, incluida la represión de la disidencia, los ataques al espacio cívico y la persecución de líderes de pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y personas percibidas como opositoras”, señalaron.
El arresto y posterior desaparición forzada de Rivera ocurrieron tras su regreso de participar en el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas en 2023.
“Los Estados y las organizaciones internacionales y regionales deben prestar mayor atención a la situación en Nicaragua y utilizar todos los medios apropiados para exigir verdad, rendición de cuentas, la protección de todas las personas privadas de libertad y el fin de la desaparición forzada, la tortura, los malos tratos y las represalias”, señalaron las y los expertos.