El legislador FA acusa que la iniciativa vulnera derechos fundamentales y advierte que el Gobierno opta por “listas negras” y castigos sociales en lugar de políticas efectivas de prevención y recuperación de espacios públicos.
Valparaíso, 03 de Junio de 2026.- El diputado Jaime Bassa anunció que presentará una reserva de constitucionalidad frente al proyecto de ley anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública, que busca crear un Registro Nacional de Vándalos y establecer restricciones para acceder a determinados beneficios sociales a quienes formen parte de dicho listado.
El parlamentario advirtió que la propuesta abre un serio debate constitucional al establecer consecuencias que podrían afectar garantías constitucionales, transformando prestaciones sociales en mecanismos de sanción estatal.
“La cuenta pública de ayer en materia de seguridad pública es muy preocupante, mucho castigo y poca prevención. Una lista negra como esta que propone el Ejecutivo es claramente vulneratoria contra una serie de derechos fundamentales. Igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria, la prohibición de establecer castigo vinculados con los derechos previsionales. Vamos a presentar desde ya una reserva de constitucionalidad al respecto, porque da cuenta de cuán perdido está el Gobierno en lo que se refiere a seguridad pública. Ni una palabra respecto a recuperación de los barrios, a fortalecimiento de la iluminación, al fortalecimiento de la votación de carabineros, solo castigo, cero prevención”, dijo el parlamentario.
Bassa agregó que “Nos parece que ese no es el camino para abordar la seguridad pública, y nos preocupa que siendo esto un tema tan importante para la ciudadanía, en el cual el gobierno y su campaña durante varios años tenga hoy día una posición tan secundaria y de tanta improvisación en el Ejecutivo”.
Asimismo, cuestionó que el Ejecutivo pretenda vincular derechos sociales con medidas sancionatorias, señalando que la iniciativa termina apuntando a los sectores más vulnerables sin afectar a quienes obtienen beneficios económicos mediante actividades ilícitas.
“El Gobierno parece más preocupado de sancionar la pobreza que de perseguir efectivamente la delincuencia. Un registro que busca restringir derechos sociales no afecta en absoluto a quienes ya se enriquecieron mediante negocios ilegales, pero sí puede terminar golpeando a personas y familias que dependen de prestaciones estatales. Esa no es una política seria de seguridad pública”, señaló.