Ginebra, 26 de Marzo de 2026.- Venezuela debe garantizar que el mérito y la integridad demostrados sean la base para el nombramiento de Fiscal General y Defensor del Pueblo del país el 27 de marzo, afirmaron hoy expertas de la ONU*.
“Dado el papel crucial que desempeñan estos dos cargos en la salvaguarda de los derechos humanos y el estado de derecho, la Asamblea Nacional y todos los actores involucrados deben garantizar que estos procesos se lleven a cabo de conformidad con las normas aplicables”, afirmaron las expertas.
El 27 de marzo de 2026, Venezuela nombrará una nueva persona para Fiscal General y para Defensor del Pueblo, tras la renuncia de los dos titulares.
“Lamentamos que, en el pasado, los nombramientos para estos cargos se hayan realizado al margen de los procedimientos establecidos constitucionalmente y se hayan llevado a cabo incumpliendo las normas mínimas de mérito, transparencia, independencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, nombrando a las mismas personas una y otra vez”, afirmaron las expertas.
“La sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos deben desempeñar un papel fundamental en estos nombramientos, y sus aportaciones deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar los perfiles de las y los candidatos adecuados”, señalaron.
“Venezuela debe publicar los criterios basados en los méritos para ambos cargos y garantizar la transparencia en la evaluación de todas las y los candidatos con respecto a dichos criterios”, afirmaron las expertas.
“Venezuela debe iniciar una nueva etapa y nombrar a los mejores perfiles que cumplan con los criterios requeridos para ocupar estos puestos clave”, advirtieron las expertas. “Como medida mínima, todas las personas contra las que existan denuncias creíbles de conducta incompatible con las normas de derechos humanos, especialmente aquellas que hayan tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización, las detenciones arbitrarias y la tortura, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva de esas denuncias”.
“Ambas instituciones deben ofrecer resultados para la sociedad en su conjunto, pero especialmente para las víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos de poder. Con este fin, el primer paso debe ser un proceso de selección transparente y objetivo y el nombramiento de personas cuya independencia, competencia y compromiso sean reconocidos por toda la sociedad venezolana”, afirmaron las expertas.
“Venezuela debe aprovechar esta oportunidad y nombrar a personas de mérito y capacidad probados para estos dos cargos, como primer paso para reconstruir la confianza y establecer un sistema judicial y una institución nacional de derechos humanos independientes”, concluyeron.
Las expertas se han puesto en contacto con Venezuela para expresarles sus preocupaciones.