Ginebra, 21 de Diciembre de 2025) – Expertos de la ONU* condenaron hoy el desalojo de más de 400 migrantes del asentamiento informal B9 en Badalona el 17 de diciembre.
“El desalojo está dejando a cientos de personas vulnerables sin hogar en pleno invierno, sin que las autoridades municipales les ofrezcan una vivienda alternativa adecuada,” afirmaron los expertos.
Lamentaron que España hubiera procedido al desalojo a gran escala a pesar de los llamamientos para que se pospusiera la medida hasta que se encontraran alternativas de vivienda adecuadas para los residentes afectados.
Badalona 9 (B9), una antigua escuela secundaria, acogía entre 400 y 500 migrantes, lo que la convertía en el asentamiento informal más grande de este tipo en Cataluña. Solo unos 30 residentes considerados muy vulnerables recibirán alojamiento de emergencia a corto plazo.
La mayoría de los residentes desalojados proceden de países de África occidental y subsahariana. Entre ellos hay mujeres, personas mayores y personas con necesidades médicas. La mayoría de ellos han sido víctimas anteriormente de desalojos forzosos de naves industriales de la zona. A pesar de la recurrencia de estas situaciones, el Ayuntamiento de Badalona mantiene una política de no ofrecer alternativas de vivienda a los afectados.
“Al no disponer de viviendas alternativas, la gran mayoría de los desalojados no tiene más remedio que buscar refugio de nuevo en otros asentamientos informales o acampar al aire libre,” afirman los expertos.
“La legislación en materia de derechos humanos es clara. Desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos humanos. Desalojar repetidamente a personas sin ofrecerles alternativas de vivienda puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, estrictamente prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos,” advirtieron.
“Estamos asistiendo a un ciclo de desalojos, falta de vivienda y condiciones de vida inseguras e inadecuadas. Se trata de un fallo estructural que requiere una respuesta urgente basada en los derechos, y desde luego no más desalojos.”
El 4 de diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 11 de Barcelona falló a favor del desalojo y concedió al ayuntamiento un plazo de 15 días para ejecutar la ordern. La sentencia no incluyó el requisito para garantizar que todas las personas afectadas pudieran acceder a una vivienda alternativa que cumpliera los elementos básicos de adecuación exigidos por el derecho internacional.
El desalojo ha ido acompañado de un discurso estigmatizador por parte de las autoridades públicas, que describen a todos los que viven en B9 como una fuente de inseguridad en la zona y los tildan de delincuentes o violentos sin aportar pruebas que lo demuestren. Los expertos instaron a las autoridades a que cesaran la retórica discriminatoria contra los migrantes.
“Esa retórica es inaceptable, discriminatoria y profundamente perjudicial,” afirmaron.
“Los migrantes se enfrentan a múltiples dificultades a la hora de acceder a una vivienda adecuada. Las autoridades públicas deben esforzarse por combatir la discriminación, no por alimentarla.”
“Seguiremos vigilando la situación. Instamos a las autoridades que garanticen que todas las personas desalojadas tengan acceso a una vivienda segura y adecuada para proteger sus derechos y su dignidad,” afirmaron los expertos.