Ginebra, 06 de Octubre de 2025.- Expertas de la ONU* instaron hoy a las autoridades nicaragüenses a esclarecer la suerte y el paradero de más de 120 personas que han sido víctimas de desaparición forzada en el país, incluidas aquellas detenidas en relación con la crisis de derechos humanos de 2018.
Entre las personas desaparecidas forzadamente figuran, según informes, líderes indígenas defensores de la tierra y los recursos naturales, personas mayores, mujeres y personas vinculadas a partidos políticos, así como otras sin afiliación política conocida, percibidas como disidentes de las posiciones oficiales.
“Todas las personas que intentan defender sus derechos corren el riesgo de ser víctimas de desaparición forzada en Nicaragua. Esto debe terminar de inmediato”, afirmaron las personas expertas del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
“Estas desapariciones forzadas parecen ser ordenadas desde los más altos niveles de autoridad y están diseñadas para infundir temor en toda la sociedad, enviando el mensaje de que cualquiera que exprese una opinión diferente puede correr la misma suerte”, señalaron.
Las personas expertas hicieron eco de los hallazgos del Grupo de Expertos Independientes sobre Nicaragua en abril de 2025, que estableció que el poder ejecutivo constituye el núcleo del sistema represivo del país. La Presidencia cuenta con varios asesores cuyas responsabilidades oficiales suelen ser desconocidas y que parecen desempeñar papeles clave en la maquinaria represiva, recibiendo y ejecutando instrucciones directas que se implementan en todos los niveles del Estado.
Las personas expertas lamentaron no haber recibido ninguna respuesta del Gobierno nicaragüense a los casos humanitarios transmitidos desde 2018 y que el Gobierno no coopere con el Grupo de Trabajo pese a las solicitudes realizadas. “Solo mediante una cooperación plena y efectiva podrá determinarse la suerte y el paradero de las personas desaparecidas forzadamente e informar a sus familias”, afirmaron.
Según los registros del Grupo de Trabajo, más de 120 personas continúan desaparecidas. “El número real podría ser mayor, ya que muchas familias y representantes legales temen denunciar por miedo a represalias”, señalaron las personas expertas.
Las expertas subrayaron la importancia de la rendición de cuentas y la justicia en todos los niveles de la cadena de mando, destacando que todos los actores judiciales responsables de aprehensiones, arrestos, detenciones, custodia, traslados y encarcelamientos, así como de juicios, están en última instancia implicados en la comisión del crimen de desaparición forzada.
“Hacemos un llamado a las autoridades nicaragüenses a que pongan fin a las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, que liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente y que garanticen que sus familias conozcan su suerte y paradero. Las autoridades también deben investigar las violaciones de derechos humanos, en particular la tortura, la violencia sexual y los malos tratos. El sufrimiento de las personas detenidas y de sus familias debe terminar”, afirmaron las expertas.
El Grupo de Trabajo está en contacto con el Gobierno de Nicaragua sobre este asunto y ofrece cooperación y asistencia técnica.