El legislador de Renovación Nacional afirmó que compra obedecía más a una “obsesión del Presidente de la República (…) a pesar de las evidentes ilegalidades”.
Valparaíso, 17 de Junio de 2025.- Este miércoles será votado el informe con las conclusiones de la comisión investigadora por la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. El presidente de la instancia, Andrés Longton (RN) afirmó que el documento “denota las responsabilidades que tiene tanto el Presidente de la República como el equipo de presidencia y todos quienes participaron en la elaboración de este documento y que, lamentablemente, siguen en sus funciones”.
Añadió el parlamentario que todo en torno al proceso fue producto “de una presión absolutamente inusitada para poder sacar esta compra adelante”. Todo en el marco de lo que calificó como “presiones que son inconcebibles en la administración pública y advertencias que no fueron consideradas, pareciera ser deliberadamente para efectos de llevar a cabo esta operación donde la familia Allende estaba muy comprometida para efectos de que saliera”. También dijo que esta adquisición obedecía más a “una obsesión del Presidente de la República para efectos de poder llevarla adelante a pesar de las evidentes ilegalidades”.
Y en esa línea puntualizó que “no se han hecho valer responsabilidades concretas porque pareciera ser que hay un pacto de silencio, una complicidad dentro de la administración pública para poder hacer vista gorda respecto a esta situación que es impresentable en la historia constitucional de nuestro país”.
Andrés Longton afirmó que en el documento que será sometido a votación el próximo miércoles, se piden desvinculaciones de “todos quienes participaron directa e indirectamente de este proceso”.
Mientras la diputada Paula Labra, integrante de la comisión investigadora, manifestó su confianza en que se apruebe “el informe que hemos preparado como oposición”. Apuntando a que este “expresa fielmente lo que aconteció en esta instancia, donde de manera insólita, por ejemplo, la jefa jurídica de la Segpres confesó haber estado en conocimiento de la infracción constitucional de esta operación, no obstante, decidió no poner un aviso al Presidente. Y al mismo tiempo, y más importante, creemos que es muy pertinente que se establezca que esta operación nunca fue sometida a la votación del Congreso, por lo mismo, nunca fue aprobada como tal, y los ministros que afirman eso incurrieron en una imprecisión que no podemos dejar pasar”.
Respecto del informe que presentó el oficialismo y que según el diputado Raúl Leiva (PS), que señala que no hubo ilegalidad en el proceso de compraventa, Andrés Longton dijo: “Si no se hubiera cometido ninguna ilegalidad, nadie habría salido de su cargo y esto no habría sido sancionado como fue sancionado por el tribunal constitucional. Los decretos tienen que verse en su globalidad de principio a fin respecto al proceso y si se avanzó el decreto 38 es porque se tenía pleno conocimiento de que la operación iba a llegar hasta su fin. Si ese decreto 38 nunca se hubiera firmado la ilegalidad nunca habría podido eventualmente producirse”.