Los parlamentarios demandan también un informe detallado acerca de las medidas dispuestas para dejar sin efecto las calificaciones erróneas que derivaron en la entrega injustificada de pensiones de gracia a “víctimas del Estallido”.
Valparaíso, 26 de Julio de 2025.- La bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezada por Miguel Mellado y Carla Morales -jefe y subjefa- oficiaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que evalúe “mecanismos de reparación en favor de aquellos ciudadanos perseguidos penalmente” por el organismo tras el estallido social del 18-O. De igual forma, piden que se considere en el próximo informe anual “un capítulo especial para tratar los casos de persecución penal arbitraria por parte del Estado, y en particular del INDH, de agentes estatales que desempeñaron funciones de control del orden público” durante y los meses posteriores a octubre de 2019.
El documento de los legisladores de RN surge tras conocerse -a través del medio Ex-Ante- que Juan Francisco Villalobos Prado, un beneficiario de pensión de gracia por haber sido supuesta víctima del estallido y que estuvo prófugo por estafa por un año y medio, recibió hasta mayo de este año $16.415.350. Y esto, pese a que en enero la causa que lo favorecía fue finalmente desechada por la justicia. Es decir, se le siguió pagando con dinero de las arcas fiscales, por cinco meses más.
Recuerdan los legisladores que el INDH ha impulsado múltiples acciones judiciales tras el estallido social, “y por mandatos sucesivos de las leyes de presupuesto, el Instituto concentró gran parte de sus esfuerzos en calificar a personas como víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo que culminó en lo que hoy se conoce como el escándalo de las falsas víctimas del estallido: casos en que se otorgaron pensiones de gracia basadas en antecedentes falsos; a sujetos con antecedentes penales o con ocasión de procedimientos de acreditación deficientes”.
De igual forma destacan en el oficio que un gran número de las causas penales iniciadas por el INDH, “fueron desestimadas o recalificadas por los tribunales, evidenciando que los hechos descritos no correspondían a los inicialmente planteados”. Agregando que “con cargo a recursos públicos y desde las estructuras del Estado se llevó adelante una campaña de persecución penal injustificada en contra de funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, con el consecuente perjuicio en su vida personal y profesional”.
Se suma el “cuestionable desempeño en el proceso de acreditación de víctimas del estallido”, lo que fue ratificado por informes de la Contraloría General de la República encontrándose irregularidades como “el reconocimiento sin la intervención de peritos o el manejo inadecuado de documentos y testimonios”, derivando en “certificaciones de lesiones inexistentes, permitiendo la percepción injustificada a beneficios estatales”. Y consecuentemente, con un gran perjuicio al erario público.
Los diputados hacen ver que la saliente directora del INDH, Consuelo Contreras, tuvo que comparecer ante el Ministerio Público para aclarar el rol del organismo que dirigía “en la eventual entrega fraudulenta de pensiones de gracia”. Lo cierto es que tras revelarse hoy el caso de Villalobos Prado, “deja a la vista el sesgo político y un uso inaceptable de recursos y agentes estatales en desmedro de los derechos civiles y políticos reconocidos en las principales cartas ius fundamentales vigentes en nuestro país”.
Tampoco dejan pasar que producto de la “política de persecución” hubo un “desembolso de altas cifras de dinero en costas procesales ante la litigación temeraria (…) un accionar que colisiona de frente con los principios aque rigen a las Instituciones Nacionales de Derechos HUmanos, establecidos en los llamados Principios de París, particularmente en lo relativo a la imparcialidad y objetividad con que estas entidades deben cumplir sus funciones”.
Otro caso que exponen en el escrito, es el de Francisco Gatica Catalán, supuesta víctima de trauma ocular, quien tras una querella presentada por el INDH por “apremios ilegítimos (…) recibió una pensión estatal de $444.767 mensuales”. Comprobándose luego que las lesiones “no fueron provocadas por agentes estatales, configurándose un fraude que obligó al propio Instituto a desistirse de la querella”.
Por estos motivos los legisladores piden al INDH que “evalúen mecanismo de reparación en favor de aquellos ciudadanos perseguidos penalmente de manera arbitraria” y que “se considere en el próximo informe anual un capítulo especial para tratar los casos de persecución penal arbitraria por parte del Estado, y en particular del INDH, de agentes estatales” que se desempeñaron para controlar el orden público durante y tras el estallido de octubre de 2019.
Igualmente, los diputados opositores solicitan «un informe detallado acerca de las medidas dispuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos para dejar sin efecto las calificaciones erróneas que derivaron en la entrega injustificada de pensiones de gracia a “víctimas del Estallido”, informando específicamente el estado de los sumarios instruidos en relación con esto por orden de la Contraloría General de la República.»
Finalmente, los diputados RN condicionaron la aprobación del presupuesto del INDH al cumplimiento de estas medidas.