Valparaíso, 07 de Diciembre de 2023.- El próximo lunes 11 inician las matrículas del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2024. Proceso que se mantendrá hasta el día 22. Un dolor de cabeza para los miles de padres y apoderados ante la problemática que cada año se produce y que según cifras oficiales ha dejado fuera del sistema a poco más de 50 mil estudiantes de todo el país. Algo sobre lo que diputados de Renovación Nacional vienen levantando alertas hace bastante y que, sin embargo, el gobierno hace oídos sordos.
Ante esta sordera gubernamental, los parlamentarios de RN, liderados por los integrantes de la comisión de Educación, Marcia Raphael y Hugo Rey, junto a los diputados Sofía Cid y Camila Flores oficiaron al Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, y a la directora del INDH, Consuelo Contreras, para que “hagan uso de sus competencias legales con el objeto de cesar vulneraciones de derechos en el marco de la aplicación de las reglas que incorpora el Sistema de Admisión Escolar”.
Hugo Rey, afirma que con el oficio se busca “hacer entender al gobierno que necesita este sistema modificarse, que el sistema de admisión escolar presenta deficiencias”. Y añade que pese a los proyectos de ley presentados para modificar el SAE, “el gobierno ha hecho oídos sordos (…) y más que nuestras demandas , en definitiva son las demandas de los padres y apoderados que quieren que sus hijos se desarrollen (…) que puedan elegir de acuerdo justamente a sus capacidades, a sus competencias, a sus habilidades. Lo que no sucede hoy”.
El SAE o conocido prácticamente desde sus inicios como “La Tómbola”, debería privilegiar el ingreso del estudiante a un establecimiento cercano a su domicilio. Algo que claramente no se cumple y que queda en evidencia por las numerosas publicaciones de prensa en donde padres y apoderados -muchos que se amanecen en las afueras del colegio o liceo- reclaman porque finalmente este requisito no se cumple.
En ese sentido la diputada Camila Flores agrega que “Nos hemos acostumbrado a ver cómo año a año el sistema de la tómbola afecta la educación de miles de niños”. Y explica que “el gobierno ha mostrado una tozudez constante y no accede a practicar las reformas que requiere el sistema de admisión, por lo que estamos exigiendo que intervengan los organismos encargados en Chile de velar por los derechos de la infancia, entre ellos el derecho a la educación, para que sean ellos los que requieran al gobierno estos cambios y no se siga afectando la educación de los niños y adolescentes.”
En el oficio de los diputados RN, se precisa que el “Sistema se ha asociado también al gran número de niños y adolescentes desertores del sistema educativo: mientras en 2022 el número de estudiantes que no se matricularon superó los 50.000, para 2023 se cifró en 50.814”. Y en este punto se señala que muchas familias “han preferido sistemas de formación distintos al escolar”.
También se indica que pese a los magros resultados del SAE desde su implementación en 2016, existe una “negativa en reformar el mecanismo y suplir los graves déficits que presenta (el sistema) termina por afectar de manera grave el derecho a la educación de decenas de miles de niños y adolescentes del país, derecho que no solo posee un reconocimiento a nivel interno en la Constitución Política, sino que además en la totalidad de tratados internacionales que han sidos suscritos por Chile”.
Asimismo, el oficio argumenta que “la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 28 y 29, fija importantes deberes que exigen a todos los Estados parte respetar, promover y proveer la educación de los y niños y adolescentes y cautelar el efectivo acceso de estos al Sistema de Educación”. Algo que, claramente, no está ocurriendo en nuestro país, por “la inacción del Estado y particularmente de las autoridades de Gobierno, lideradas (…) por el Sr. Nicolás Cataldo, Ministro de Educación”.
Se suma en el documento los discretos resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (prueba Pisa), que mostró un estancamiento de 5 años en los resultados educativos del país. Principalmente, en indicadores como habilidades en matemáticas y comprensión lectora.
En sus párrafos finales se solicita tanto al Defensor de la Niñez como a la Directora del INDH, que ejerzan sus atribuciones legales y que intermedien “ante el Gobierno y recomendar a este que impulse las modificaciones necesarias al Sistema de Admisión Escolar atendido a cómo este (…) afecta el derecho de la educación de los niños y adolescentes del país”.
Concluyen además que intercedan ante el gobierno y la UNESCO “a fin que esta última organización elabore una evaluación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) y de sus consecuencias en el ejercicio de los derechos y libertades que aseguran los Tratados Internacionales del Sistema Universal de protección a los Derechos Humanos”.