Valparaíso, 24 de Febrero de 2025.- Alerta y preocupación generó en organizaciones sociales y en la diputada Nathalie Castillo la decisión del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta de acoger las reclamaciones presentadas por empresas inmobiliarias y particulares que buscaban anular la declaratoria de humedal urbano para el Río Elqui.
En total fueron 6 los reclamos que el órgano jurisdiccional consideró para dejar sin efecto la Resolución Exenta N°833, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) el 25 de julio del 2022, que declaraba como humedal urbano el área “Río Elqui, Altovasol a Desembocadura” en la comuna de La Serena.
Por esta razón, la parlamentaria oficiará a la Municipalidad de La Serena, al Ministerio de Medio Ambiente y a la Contraloría General de la República (CGR) por posibles omisiones institucionales en la fiscalización y protección del humedal.
“Acá hay una situación crítica. Estamos frente a una institucionalidad ambiental que va en retroceso. Es necesario que se vuelvan a agrupar todas aquellas comunidades y organizaciones defensoras de nuestros espacios de la biodiversidad que hoy por hoy no están siendo protegidos”, enunció la parlamentaria.
“Las municipalidades son claves en la gestión ambiental, siendo responsables de implementar y fiscalizar el cumplimiento de medidas de mitigación, conservación y desarrollo sustentable del medio ambiente de sus comunas. Por lo mismo, son quienes solicitan a la autoridad ambiental la protección de los humedales”, señaló la diputada Castillo.
Para la vocera de CODA Chile y ex concejala de la comuna, Daniela Molina, «es incomprensible que esto suceda, inaceptable. Vamos a revisar el fallo, para apelar y dejarlo sin efecto. No podemos permitir que un espacio ecosistémico tan importante quede sin protección y que una vez más un tribunal falle en favor de intereses económicos particulares».
La representante de la Cámara Baja igualmente no soslayó en críticas al tribunal. “Lamento profundamente que no se haya considerado el valor ecológico del humedal, sitio prioritario que ha sido reconocido en el propio plan regulador como zona de alto riesgo de inundación y de otros riesgos de saturación altamente difundidos a la opinión pública. La sentencia demuestra la pasividad de las autoridades ambientales en coordinar y trabajar en la protección y conservación de nuestro patrimonio natural”.
Finalmente, la parlamentaria indicó que, además de fiscalizar mediante oficios, no descarta nuevas acciones, entre ellas respaldar la apelación que presentarán las organizaciones sociales de la región.
“Este ecosistema es vital para la región, y no permitiremos que los intereses de las inmobiliarias pongan en riesgo nuestro medio ambiente. Agotaremos todos los recursos necesarios para protegerlo”, concluyó.