La medida que se incorporó al proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica que se encuentra actualmente en tramitación, obliga a empresas de transferencias de dinero a registrar origen, destino y remitentes de envíos al extranjero, que pudieran estar ligadas al narcotráfico y crimen organizado.
Valparaíso, 29 de Octubre de 2025.- La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (7 votos a favor), la indicación presentada por la diputada del Partido Social Cristiano, Yovana Ahumada, que se incorpora al proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. Se trata de una norma que obliga a las empresas de transferencia de dinero a mantener por siete años un registro detallado de cada remesa enviada al extranjero, incluyendo identidad, visa vigente del remitente, origen de los fondos y destino final, información que quedará a disposición de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Al respecto, la legisladora Yovana Ahumada celebró el avance y explicó que “la indicación responde a una realidad que golpea fuertemente al país y especialmente a regiones como Antofagasta, donde personas envían al exterior sumas completas de sus ingresos de hasta un millón de pesos, sin que exista una trazabilidad. Me ha tocado ver a diario filas de personas, en su mayoría extranjeras, enviando dinero mes a mes y nadie sabe de dónde provienen esos recursos. Sabemos que Chile está siendo usado para lavar dinero del narcotráfico y el crimen organizado y hoy estamos damos el primer paso para seguirle la pista a la ruta de este dinero ilícito”, señaló.
La indicación nace de un proyecto anterior presentado por la propia parlamentaria del PSC y que más que imponer restricciones busca generar un control, “porque cada operación quedará documentada para facilitar investigaciones futuras. Llevamos demasiados años viendo cómo las ‘remesas hormiga’ mueven millones sin control y ahora podríamos archivar quién envía, cuánto, a dónde y por qué”, enfatizó Ahumada.
El texto aprobado establece que las empresas deberán acreditar identidad y visa vigente del remitente, y conservar los registros por siete años. Una medida que se enfocará especialmente en envíos reiterados de personas naturales, lo que constituye una práctica habitual para blanquear ganancias ilícitas, lo que según la diputada Yovana Ahumada, “resulta un golpe directo para las finanzas del crimen organizado”.
Este proyecto continuará su trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.