Valparaíso, 02 de Junio de 2025.- Hasta la oficina de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, llegaron este lunes los diputados de Renovación Nacional liderados por su jefe de bancada, Migue Mellado, para hacerle entrega de cinco medidas impulsada por la bancada en el marco del Informe Consolidado de Información Circularizada N°9, que se conoció el pasado 20 de mayo. Documento del ente contralor, que reveló el mal uso de licencias médicas por 25.078 funcionarios públicos, que aprovecharon el reposo brindado para salir al extranjero.
En la conversación con Dorothy Pérez, se recordó -y también se especifica en el documento- que el “caso cero” del escándalo por los Subsidios de Incapacidad Laboral (SIL) correspondió a una fiscalización realizada por el diputado por Ñuble, Frank Sauerbaum, cuestión que luego se ha complementado con la denuncia presentada el jueves 22 de mayo ante el Ministerio Público”, por legisladores de Renovación Nacional.
Las cinco iniciativas que presentaron los diputados de RN a la Contralora son:
Rechazar el presupuesto del sector público si no se observa un aumento real de entre un 10% a 20% en la partida presupuestaria de la Contraloría General de la República. Esto considerando que en los últimos años se han creado nuevos ministerios y servicios, lo que no ha tenido un correlato en la planta y presupuesto de la Contraloría.
Permitir, en casos calificados en los que se hubiere vulnerado gravemente la probidad administrativa, iniciar el sumario administrativo mientras el afectado se encuentre en sus funciones o en los 3 meses siguientes a la expiración en su cargo. Tras el escándalo de las licencias, se han producido una serie de renuncias, principalmente de funcionarios “cuestionados en relación con la observancia del principio de probidad o de la debida diligencias” que deciden dimitir “para evadir, supuestamente, las consecuencias administrativas de una eventual sanción”. En este punto se recuerda en el documento que existe un proyecto de ley, sobre el que se ha pedido urgencia al gobierno.
Proyecto de ley para atacar el ausentismo modificando los estándares bajo los cuales se declara salud incompatible con el servicio en caso de licencias prolongadas. Acá los parlamentarios proponen que “no sea facultad del jefe de servicio declarar la salud incompatible si se alcanzan los 6 meses de ausentismo, sino que sea una obligación (…) proponemos que cuando el ausentismo supere los 12 meses, el jefe de servicio proceda directamente a declarar la incompatibilidad, sin necesidad de evaluación por parte del COMPIN”.
Asimilar el régimen de licencias médicas entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado. Esto porque el artículo 111 del Estatuto Administrativo, permite que los funcionarios públicos perciban íntegramente su remuneración cuando hacen uso de su licencia médica. Por ello proponen modificar el artículo 111, “terminando con la prerrogativa descrita y homologando el régimen de licencia médica entre trabajadores de la Administración y trabajadores del sector privado”. Situación que llevaría a que los funcionarios tramiten el pago del SIL ante Fonasa o Isapre “y el empleador pueda descontar inmediatamente el porcentaje correspondiente de su remuneración tras la ausencia, incluido el periodo de 3 días sin pago de subsidio en licencias inferiores a 11 días de reposo”.
Modificar diversos cuerpos legales para dotar a la Contraloría General de la República y otras autonomías constitucionales fuera de su fiscalización de deberes y facultades para perseguir el ausentismo y el correcto uso de licencias médicas. Acá se pide que la CGR, además de otros poderes del Estado y autonomías constitucionales como el Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, semestralmente pidan a la PDI “toda la información relativa a ingresos y salidas del país por parte de funcionarios que hubieren presentado licencias médicas”. Esto permitiría, en caso de detectarse irregularidades, “iniciar inmediatamente los procesos sumariales y poner los antecedentes en conocimiento tanto del Ministerio Público como del Consejo de Defensa del Estado”. Se suma que, a través de la ley, “operadores de vuelos nacionales y de operadores de buses interurbanos” deban entregar información en caso de ser requerida por distintos órganos.