El proceso se realizó escuchando el informe de la comisión encargada de analizar el libelo, que recomendó la aprobación de la acusación, y a la defensa de Diego Pardow, más un debate de representantes de las diversas bancadas. La acusación pasó ahora al Senado, donde tres diputados la formalizarán.
Valparaíso, 19 de Noviembre de 2025.- Por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, la Sala de la Cámara declaró ha lugar la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, libelo presentado en el contexto del error de cálculo y cobro en exceso en las cuentas de electricidad en que incurrieron las empresas del sector.
Tal como define el marco normativo, aprobada la acusación, la Cámara comunicará este hecho al Senado y al afectado. Esto se realizará dentro de las 24 horas siguientes de concluida la sesión.
En representación de la Cámara, la diputada Carla Morales y los diputados Jaime Mulet y Sergio Bobadilla formalizarán y proseguirán la acusación en el Senado, en la sesión que este cite para tal efecto.
El Senado resolverá como jurado y declarará si el exministro es o no culpable de infringir la Constitución, “al no resguardar el principio de probidad” y vulnerar “los principios de eficiencia y eficacia, ocultándose información de cara a la ciudadanía”, tal como plantean los dos capítulos de la acusación.
Desde la comisión
El análisis de la acusación se enfocó en el fondo de la acusación, dado que el exministro desistió de impugnar la procedencia formal de esta (cuestión previa). Así, en primer lugar, expuso el diputado Jaime Mulet, representante de la comisión que analizó el documento y que recomendó a la Sala aprobar la acusación.
Mulet detalló los antecedentes de los dos capítulos acusatorios. En primer lugar, incumplir exigencias de eficiencia y eficacia que emanan del principio de probidad administrativa. Ello, con ocasión de la fijación de precios del sistema eléctrico nacional vigentes desde el 1 enero de 2024. Además de un potencial perjuicio a futuro de los consumidores por compromiso de pagos en exceso desde 2028 y hasta 2035.
Al respecto, el legislador sostuvo que los hechos reflejan un caso de actuación negligente, que originó un grave daño a los consumidores. Agregó que Pardow debió intervenir en una función crítica que tiene efectos en la vida de las y los habitantes del país, como es la fijación de precios que se pagan por la energía eléctrica.
Comentó que el segundo capítulo se refiere al error de cálculo de tarifas por una empresa de transmisión, hecho comunicado al Ministerio de Energía a fines de 2024. Mulet planteó que la comisión determinó que la actitud omisiva y el hermetismo del exministro por la autodenuncia de la empresa Transelec, constituyen elementos que sustentan la falta de eficiencia en el cumplimiento de deberes del principio de probidad.
Afirmó que dicha regla exige un desempeño honesto y leal en el ejercicio de la función pública. Asimismo, que la responsabilidad constitucional impone estándares de transparencia y de resguardo de la confianza pública.
Argumentos de la defensa de Pardow
En representación de Diego Pardow intervino su abogado, Francisco Cox. Particularmente, sostuvo que “ninguno de los capítulos tiene sustento fáctico ni jurídico”. En tal plano, remarcó que “no hay infracción ni a la Constitución ni a las leyes, que es lo que se invoca en la acusación constitucional”.
Acotó que los invitados a la comisión revisora dijeron que los argumentos de los acusadores no satisfacían las exigencias constitucionales. Recordó, también, que el biministro Álvaro García explicó que el error de cálculo no explica el alza de la luz, sino el congelamiento de las tarifas en los años pasados. Así, el problema de cálculo solo tendría un efecto del 2% en la tarifa, que será devuelto en seis meses.
Además, afirmó que el problema tampoco le es adjudicable al exministro desde un punto de vista jurídico. Recalcó que es la Comisión Nacional de Energía la encargada de realizar el informe técnico tarifario. Por otra parte, el ministro, legalmente, no puede intervenir en sus alcances, sino solo promulgar el decreto. Lo contrario iría en contra del principio de eficiencia y eficacia, que se apela en el libelo.
“No existe esa etapa en que el ministro con su gabinete se pone a chequear las cifras que no están en el informe técnico preliminar (…). La ley no le establece la posibilidad de confrontar los números que están en el informe técnico preliminar ni del informe técnico definitivo”, puntualizó.
Respecto del capítulo segundo, afirmó que no hubo una autodenuncia de Transelec. Precisó que solo hubo una reunión en donde se indicó que tenían un problema de sobrevalorización. De ahí, comentó, las autoridades involucradas efectuaron las acciones pertinentes para aclarar la situación, tal como lo demostrarían diversos documentos expuestos. Entre ellas está el haber encomendado al Coordinador Eléctrico Nacional una auditoría.
Del debate de la acusación
Luego de las argumentaciones de la comisión y de la defensa expusieron representantes de las bancadas. A favor de la acusación se manifestaron Camila Musante, Mónica Arce, Chiara Barchiesi, José Carlos Meza, Mauro González, Sergio Bobadilla, Johannes Kaiser y Joanna Pérez.
En sus intervenciones sostuvieron que el exministro firmó un decreto defectuoso sin revisarlo ni ponderar el efecto que tendría. También señalaron que, tras conocer el problema, ocultó información relevante con lo que dañó la confianza pública. Junto a esto, criticaron el viaje al extranjero en medio de la crisis para reunirse con una empresa vinculada al caso, lo que vulneró la probidad. Asimismo, afirmaron que el error tarifario fue una negligencia grave que afectó a millones de consumidores.
De igual modo, se calificó la situación como un “desastre” y advirtieron que muchas familias hoy deben endeudarse para pagar sus cuentas, recibiendo a cambio solo la devolución de “dos lucas”. Además, plantearon que el error cometido no fue un simple desajuste, sino un golpe brutal para las familias, especialmente, porque se trató de una falla que nunca debió ocurrir.
Por último, entre otros argumentos, se dijo que las responsabilidades políticas no se pueden sustraer simplemente aduciendo tecnicismos administrativos.
Posiciones en contra
En contra de la acusación intervinieron Camila Rojas, Alberto Undurraga, Raúl Leiva y Nelson Venegas. Consideraron que es falso que el exministro Pardow “no actuó”. Recordaron que —según las respuestas oficiales— durante ese periodo estaban en curso tres procesos administrativos: una auditoría para evaluar sanciones a Transelec, otro para revisar posibles inconsistencias en otras transmisoras y un trabajo destinado a acelerar la devolución de cobros excesivos a las familias. Paralelamente, el exministro avanzaba en ordenar un sistema eléctrico con problemas estructurales de larga data e impulsaba transformaciones concretas para la ciudadanía.
Si bien reconocieron la existencia de una falla grave que debe ser corregida y sancionada, afirmaron que el exministro cumplió sus obligaciones y no puede ser responsabilizado por acciones de terceros. Igualmente, advirtieron que aprobar la acusación sentaría un precedente riesgoso, permitiendo que futuros ministros sean acusados por fallas ajenas a su gestión.
Además, acusaron que se intentó incorporar materias ajenas al libelo y que las causales constitucionales son taxativas. Sostuvieron, asimismo, que no se respetó el debido proceso. Finalmente, indicaron que el error tuvo consecuencias políticas, pero que no amerita una sanción constitucional.
Por su parte, el diputado Cristián Tapia, quien optó por la abstención, sostuvo que las principales responsables del sobrecobro fueron las empresas del sector eléctrico. En esta línea, criticó que no se autodenunciaran. También relevó el rol que jugaron el Coordinador Eléctrico y la Comisión Nacional de Energía. Agregó que quienes impulsaron la acusación no apoyaron medidas para fortalecer la fiscalización ni aumentar sanciones al sector. A su juicio, la acusación elude a los verdaderos responsables, puntualizó.