CPLT se encuentra trabajando en la elaboración de un catálogo público de sistemas de inteligencia artificial y decisiones automatizadas utilizados por el Estado. La iniciativa busca que la ciudadanía conozca y comprenda cómo se utilizan estas tecnologías en el sector público.
Santiago, 18 de Noviembre de 2026.- El Consejo para la Transparencia (CPLT) abordó la relevancia de la transparencia de la inteligencia artificial y otros sistemas automatizados que usan los organismos públicos. El Consejo advirtió que el riesgo de la opacidad es mayor cuando estas herramientas tecnológicas influyen en decisiones que afectan directamente a las personas, como evaluar una postulación a un subsidio, asignar un puntaje o determinar quién tiene prioridad para acceder a una prestación. En esos casos, planteó que el organismo debe informar que utilizó el sistema, explicar cómo influyó en la decisión y contar con un mecanismo para revisarla si hubo un error.
La inteligencia artificial puede ayudar a encontrar documentos, responder consultas y agilizar trámites, pero cuando un sistema automatizado se usa para evaluar postulaciones o distribuir recursos públicos, el nivel de control debe ser mayor. Por ejemplo, si se toma como referencia un registro de ingresos que aún no refleja la pérdida de un empleo, una familia podría recibir un puntaje que no corresponde a su situación. Si el organismo solo comunica el resultado, esa familia difícilmente podrá saber qué dato debe corregir o a quién pedir que revise su caso.
“Nos preocupa que la incorporación de inteligencia artificial y algoritmos por parte del Estado en decisiones que afectan a las personas vaya aparejada con estándares mínimos de transparencia. Si un sistema influyó, por ejemplo, en que una familia quedara fuera de un subsidio, el servicio público tiene que poder explicar qué datos consideró, qué criterio aplicó y cómo se puede pedir una revisión. Y esa explicación tiene que llegar a tiempo para que la familia pueda actuar”, señaló la presidenta del CPLT, María Jaraquemada.
El Consejo planteó que el control debe comenzar antes de poner en marcha estas herramientas. Los servicios públicos deben identificar qué sistemas utilizan, con qué propósito, qué datos emplean, en qué decisiones intervienen y quiénes son responsables de su diseño, operación y supervisión. Cuando la herramienta es desarrollada por un proveedor externo, el contrato debe asegurar que el organismo pueda acceder a la información necesaria para supervisarla y explicar su funcionamiento. Una vez en uso, el CPLT recomienda mecanismos de monitoreo y revisión periódica para detectar errores, datos desactualizados o eventuales impactos injustificados sobre determinados grupos, junto con medidas de protección de datos personales, transparencia sobre el funcionamiento de los sistemas y canales de atención humana para revisar casos individuales.
En Chile, el CPLT ya abordó el acceso a información sobre estos sistemas en varios casos que ha ido resolviendo. Un caso emblemático fue el del Sistema de Alerta de Niñez. El Consejo acogió parcialmente el requerimiento de información de un ciudadano y ordenó a la Subsecretaría de Evaluación Social entregar las 125 variables estadísticas utilizadas para calcular el puntaje con que el programa establece prioridades. La decisión muestra el tipo de información que se puede pedir para conocer los factores que considera una herramienta automatizada en la implementación de una política pública.
Desde 2024, el CPLT cuenta con recomendaciones de transparencia algorítmica que orientan a los servicios públicos a explicar estas herramientas en lenguaje claro y a transparentar su contratación y desarrollo. Su presidenta planteó que la modernización de la Ley de Transparencia que se tramita en el Congreso es una oportunidad para establecer reglas claras sobre qué información deben publicar los organismos y cómo deben explicar las decisiones en las que intervienen estos sistemas.
Jaraquemada agregó que el CPLT se encuentra trabajando en la elaboración de un catálogo público de sistemas de inteligencia artificial y decisiones automatizadas utilizados por el Estado. Entre ellos se cuentan chatbots y asistentes virtuales, herramientas de gestión administrativa y sistemas que apoyan la asignación de beneficios. La iniciativa busca que la ciudadanía conozca y comprenda cómo se utilizan estas tecnologías en el sector público, promoviendo la transparencia, la explicabilidad y la rendición de cuentas sobre decisiones que pueden afectar directamente los derechos de las personas.
El Consejo para la Transparencia es el organismo garante del derecho de acceso a la información pública en Chile. Las personas pueden solicitar al organismo respectivo información sobre los sistemas de decisiones automatizadas que utiliza y, si no reciben respuesta o la información se entrega de manera incompleta, pueden recurrir al CPLT a través de cplt.cl.










