Columna: ¿Quiénes pagan los costos del desempleo?

Por Bernardo Neira Figueroa
Sociólogo
Académico U. Andrés Bello

Cuando el desempleo llega al 9,5% y son casi un millón de personas las que no logran encontrar un trabajo, la urgencia se vuelve permanente. Detrás de cada punto porcentual hay una historia de búsquedas sin respuesta, de deudas de educación, de ahorros que se agotan y de planes de vida que se postergan.

Lo que agrava la magnitud del desempleo alcanzado es, además de su persistencia, con 43 meses consecutivos por sobre el 8%, se hace un problema estructural, implica también una forma distinta y más difícil de relacionarnos con el trabajo que, ya no se explica cómo se repitió por meses por un shock externo, sino que existe algo más profundo en la manera en que nuestra economía genera, o deja de generar, oportunidades y salarios suficientes para nuestros costos de vida. El deterioro se concentra en la pérdida y destrucción de empleo formal, un aumento y mantención de la informalidad y un fuerte impacto en jóvenes y mujeres.

La informalidad, que hoy alcanza al 26,5% de los ocupados, confirma esa lectura. No es que las personas elijan trabajar fuera del sistema, sino que se refugian donde el mercado formal no les está ofreciendo oportunidades. Cada uno de los 2,47 millones de trabajadores sin contrato representa una renuncia forzada a la protección social, a la previsión, a la estabilidad que durante décadas definió lo que significaba tener un buen empleo en Chile. La condición expuesta se agrava por el dato de que por primera vez en diez años, se estén destruyendo empleos netos, 54 mil en total, esto sugiere que ese refugio de la informalidad ya no compensa lo que el sistema formal deja de ofrecer.

El impacto en las personas no es parejo ni en género ni por grupo de edad. El desempleo femenino se sitúa en un 10,3%, y la subutilización que entre las mujeres llega casi al 20%, hablan de una carga que se reparte de forma desigual cuando el trabajo escasea, porque quienes ya cargaban con las tareas de cuidado son también quienes primero pierden pie en el mercado laboral. Entre los jóvenes, la caída de la ocupación de un 4,1% en el tramo de 15 a 24 años y de un 4,8% entre los de 25 a 34, prevé algo más complejo de revertir en el mediano plazo. Hoy tenemos a una generación que entra a la vida adulta sin la experiencia laboral que le permitiría proyectarse, y que probablemente cargará ese retraso por años.

El Gobierno ha calificado la situación como emergencia laboral y apunta a reformas tributarias y de mercado de capitales, para reactivar la inversión. Son apuestas que operan en un horizonte de mediano plazo a largo plazo que no dialogan con la urgencia de quien hoy necesita un ingreso. Mientras tanto, sectores como información y comunicaciones, con una caída de un 14,6%, o la minería, con 6,6% menos, muestran que el deterioro no se limita a los indicadores agregados y golpea justamente las áreas que debían liderar la modernización productiva del país.

En este sentido, los subsidios a la contratación podrán ayudar, pero solo si abandonan la lógica de parche de tres meses y apuestan por contratos de calidad en sectores con capacidad real de absorber mano de obra, como la construcción o el turismo. Lo mismo vale para la capacitación técnica, porque de poco sirve formar gente para empleos que no existen, y el llamado desempleo ilustrado, profesionales sobrecalificados sin dónde emplearse, es en sí mismo un síntoma de ese desacople entre formación y demanda.

Las proyecciones para 2027 hablan de una recuperación moderada, con el PIB creciendo entre 2% y 3% y la inflación acercándose a la meta. Pero un mercado laboral que se acostumbra a operar sobre el 9% de desempleo, no vuelve a la normalidad solo porque la macroeconomía mejore. La confianza en que el esfuerzo se traduce en oportunidad, ese contrato implícito que sostiene que la cohesión social es lo primero que se erosiona en momentos así, y lo último en repararse si no se toman medidas a tiempo.

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