El proyecto del gobierno de Javier Milei propone hasta 15 años de cárcel por «desinformar» y «manipular» sobre el conflicto.
Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2026.- El proyecto de Ley de Soberanía Nacional enviado al Congreso de Argentina por el gobierno de Javier Milei, que establece penas de hasta 15 años de prisión para quienes realicen «campañas de desinformación» en medio del conflicto por las islas Malvinas, despertó el viernes las alarmas entre los defensores de la libertad de expresión.
Con el artículo 111 del proyecto legislativo, el gobierno busca establecer penas de entre cinco y 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a «alterar procesos electorales” o «manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de «desinformación masiva”.
También para quienes «promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes».
Las penas se elevan a entre ocho y 15 años cuando, además, haya amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.
Milei empujó esta ley en las últimas semanas al elevarse el tono contra el Reino Unido por los trabajos que realizan petroleras extrajeras, como la israelí Navitas y la británica Rockhopper, que esperan empezar a extraer crudo en 2028 en Malvinas, y en medio de varias denuncias interpuestas en Argentina.
Libertad de expresión en riesgo
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) consideró que el proyecto de ley presentado por el gobierno traspasa las fronteras de la soberanía y la seguridad, y supone «un riesgo concreto para la libertad de expresión».
Por eso, pidió al Congreso revisar el artículo «para no ocasionar un retroceso en la discusión libre, penalizar el ejercicio legítimo del periodismo y limitar la crítica política y de asuntos de interés público».
«¿Cuáles van a ser los criterios para decir qué es manipular la opinión pública y qué no?”, planteó Alejandro Suárez, monitor de libertad de expresión de FOPEA en la provincia de Buenos Aires.
En esa línea, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó en la red social X que el proyecto incorpore un tipo penal que «abierto e indeterminado” y que podría generar un efecto inhibitorio sobre periodistas, investigadores, organizaciones sociales, dirigentes políticos y ciudadanos.
«Lo que quiere es concentrar más poder y tener una herramienta penal de persecución política», afirmó el diputado Maximiliano Ferraro, de la centrista Coalición Cívica. sobre las intenciones del gobierno de Milei.
El polémico artículo del proyecto legislativo se suma a que el plan estratégico de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente del propio Milei, puso en 2025 como focos de interés a actores que pudieran «erosionar la confianza” de funcionarios, «manipular la opinión pública” o afectar la percepción social de las políticas del gobierno.