Valparaíso, 16 de Enero de 2026.- La bancada de diputados de Renovación Nacional ingresó un oficio a la Contraloría General de la República solicitando la instrucción de una investigación especial para auditar y fiscalizar el actuar del Instituto de Previsión Social (IPS), tras la suspensión y extinción errónea de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que habría afectado a un número significativo de personas mayores durante el segundo semestre de 2025 y enero de 2026.
En el documento, los parlamentarios advierten que el IPS inició un proceso de revisión de los requisitos de mantención del beneficio utilizando información migratoria proporcionada por la Policía de Investigaciones (PDI), concluyendo de manera incorrecta que miles de beneficiarios habrían permanecido fuera del país por más de 180 días. Como consecuencia, se dictaron resoluciones administrativas que extinguieron el derecho a la PGU a contar del 1 de enero de 2026, generando un impacto económico inmediato en adultos mayores altamente vulnerables.
Uno de los aspectos más graves del oficio es que, según información de prensa, al menos 13 mil adultos mayores podrían haber visto suspendido o extinguido su beneficio sin haber salido nunca del país, incluso en casos donde las personas no cuentan con pasaporte ni registro alguno de viajes al extranjero.
Asimismo, la bancada RN cuestiona duramente el procedimiento impuesto por el IPS para revertir estas decisiones, ya que traslada indebidamente la carga de la prueba al propio adulto mayor, obligándolo a gestionar certificados ante la PDI y acudir presencialmente a oficinas ChileAtiende para corregir errores generados por la propia Administración del Estado. En el oficio se señala que este actuar vulnera principios básicos del derecho administrativo, como el debido proceso, la racionalidad y la correcta actuación administrativa.
El documento también recuerda que la jurisprudencia reiterada de la Contraloría ha sido clara en establecer que los errores administrativos no pueden perjudicar el derecho de las personas a percibir beneficios de seguridad social, citando dictámenes que refuerzan que un “claro error de la Administración” no puede consolidarse en perjuicio del beneficiario.
Otro punto especialmente crítico es la forma y oportunidad de las notificaciones, muchas de ellas realizadas a fines de diciembre de 2025, con efectos inmediatos al 1 de enero de 2026, lo que* privó a los adultos mayores de un plazo razonable para ejercer su defensa*, infringiendo el estándar de justo y racional procedimiento administrativo.
Finalmente, los diputados de Renovación Nacional advierten que estamos frente a una situación de carácter masivo, originada en el uso de información presuntamente errónea o desactualizada, que dejó sin un beneficio esencial para su subsistencia a miles de personas mayores. Por ello, solicitaron formalmente a la Contralora General de la República auditar el actuar del IPS y los mecanismos de coordinación con la PDI¨*, con el objeto de establecer responsabilidades y resguardar los derechos de los adultos mayores afectados.