Legisladores acusan al Gobierno repetir las llamadas “leyes de amarre” que la izquierda criticó por años, señalando que el Presidente Boric deja señales de un liderazgo sin visión de Estado y termina su mandato “por la puerta chica”.
La bancada de diputados de Renovación Nacional, representada por los diputados Frank Sauerbaum Muñoz y Carla Morales Maldonado, ingresó un oficio de fiscalización ante la Contraloría General de la República solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad y eficacia administrativa del nombramiento de Patricia Muñoz como Directora del recientemente creado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.
Al respecto, el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, señaló que “el Presidente Boric y la izquierda denunciaron por años lo que denominaron las «leyes de amarre» de Pinochet, y ahora resulta que se ponen a la misma altura. El Presidente Boric lamentablemente deja el gobierno por la puerta chica y dando señales de un liderazgo chico, sin visión de Estado”.
En el documento, los parlamentarios advierten que la designación se realizó pese a que la autoridad nombrada se encuentra en estado de embarazo avanzado, lo que implica que estará con licencia médica por un período que podría extenderse al menos por seis meses. Según señala el oficio, esta situación “genera una desventaja desde el punto de vista institucional y del buen servicio, especialmente tratándose de un organismo nuevo cuya etapa de instalación requiere conducción directa, toma de decisiones estratégicas y liderazgo institucional efectivo”.
Asimismo, el escrito subraya que “en los hechos, la persona designada no ejercerá efectivamente el cargo durante una parte sustantiva de la fase inicial de funcionamiento del servicio”, lo que plantea dudas razonables respecto del cumplimiento del mandato legal que dio origen a esta nueva institucionalidad, creada precisamente para responder de manera urgente a las necesidades de las víctimas, en particular de delitos violentos y grupos vulnerables.
La subjefa Carla Morales precisó que “la Defensoría de las Víctimas es un órgano que se persiguió por años y que responde no solo a una necesidad en el marco de la crisis de seguridad, sino incluso a un mandato constitucional. Este gobierno no solo nos deja esta crisis, sino que además juega con las víctimas y las pone en segundo plano para darse un gusto y apernar a los amigos. Es de lo más bajo que hemos visto, y eso es harto decir después de estos 4 años”.
En la misma línea, los diputados RN advierten que, “las remuneraciones se devengan desde el día en que el funcionario asume efectivamente el cargo”, por lo que la existencia de una licencia médica preexistente al inicio de las funciones “obsta tanto al perfeccionamiento del vínculo estatutario como al pago de estipendios con cargo a fondos públicos”.
Finalmente, la bancada de Renovación Nacional sostiene en su presentación que esta situación “no puede ser analizada únicamente desde una perspectiva formal del acto de nombramiento, sino que debe ponderarse a la luz de su eficacia real y del cumplimiento del interés público comprometido”, solicitando a la Contraloría General de la República que evalúe si el nombramiento resulta compatible con los principios de eficiencia, continuidad y buen funcionamiento de la administración pública, particularmente en un servicio llamado a ponerse en marcha en una etapa crítica para el país.