Valparaíso, 11 de Diciembre de 2025.- Los diputados Henry Leal y Daniel Lilayú solicitaron a la Corte Suprema aplicar las máximas sanciones contra el juez del Séptimo Tribunal de Garantía de
Santiago, Daniel Urrutia, luego de conocerse que habría realizado dos viajes al extranjero mientras estaba con licencia médica.
La información surge tras la investigación iniciada por la Contraloría General de la República en mayo de este año, que detectó más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país con licencia médica, entre ellos 571 pertenecientes al Poder Judicial, de los cuales 84 eran jueces.
Uno de estos casos es el del magistrado Urrutia, a quien la Corte de Apelaciones de Santiago abrió un sumario administrativo por viajes realizados en enero de 2020 y en octubre de 2022. Desde su entorno se habría reconocido la existencia de ambos viajes, argumentando motivos “terapéuticos”.
Ante esto, los parlamentarios de la UDI exigieron acciones contundentes. “En medio de la grave crisis institucional que enfrenta el Poder Judicial, la Corte Suprema tiene el deber de enviar una señal clara a la ciudadanía. No puede haber privilegios ni tratos especiales para nadie. Si un juez viajó dos veces al extranjero estando con licencia médica, corresponde abrir de inmediato un cuaderno de remoción y aplicar las sanciones más altas. De confirmarse estos hechos, estaríamos ante una falta gravísima que amerita su expulsión”, señaló Henry Leal, jefe de la Bancada UDI
“Esto ya no tiene que ver con interpretaciones jurídicas, sino con un abuso directo a la fe pública. El mal uso de licencias médicas es inaceptable en cualquier funcionario, y más aún en un magistrado. Si la Corte Suprema quiere recuperar la confianza de la ciudadanía, debe actuar con rigor y sin titubeos. Si se confirma que Urrutia viajó estando con licencia, estaríamos frente a un comportamiento incompatible con cualquier estándar ético”, agregó Daniel Lilayú, integrante de la
Comisión de Derechos Humanos.
Ambos parlamentarios recordaron que esta situación se suma a otras controversias del magistrado, pero insistieron en que este caso, por sí solo, “constituye un hecho de la máxima gravedad” y que el Poder Judicial debe actuar con total firmeza para resguardar la probidad y la confianza pública.