La parlamentaria enfatizó que el derecho a la educación debe prevalecer por sobre cualquier interés financiero de las instituciones educativas. Además, llamó a padres, madres y apoderados a acudir a la Superintendencia de Educación en caso de considerar que se han vulnerado los derechos de sus hijos e hijas como estudiantes.
Valparaíso, 01 de Diciembre de 2025.- Preocupación existiría entre apoderados y estudiantes del colegio Francis School, en la comuna de Coquimbo, luego de que se viralizara en redes sociales -a través de la cuenta de Instagram “Cuarta Región Informa”- la posible cancelación de matrículas para quienes no hayan pagado, a noviembre, la totalidad del año escolar.
Según informó dicha cuenta, el establecimiento habría emitido la resolución interna Nº 218/2025, en la que se establecería la no renovación de matrícula por concepto de deuda. Ante esta situación, la diputada Nathalie Castillo llamó a los sostenedores a respetar la normativa vigente, recordando que la legislación chilena es clara en prohibir que se discrimine a un estudiante por razones económicas.
“El derecho a la educación está protegido por la Constitución, la Ley General de Educación y la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando una institución educativa decide negar la matrícula a un niño por una deuda, se vulnera un derecho humano esencial. El derecho a la educación está por sobre cualquier interés financiero”, afirmó la diputada.
Precisamente, los cuerpos normativos mencionados establecen que no se debe discriminar a un estudiante por motivos económicos y que debe resguardarse siempre el interés superior del niño. El artículo 11 de la Ley General de Educación (Nº 20.370), el artículo 19 de la Constitución —que consagra el derecho a la educación— y los artículos 3 y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen que toda decisión administrativa debe priorizar el bienestar del estudiante, asegurando su permanencia en el sistema educativo.
Para la parlamentaria, decisiones de este tipo “son desproporcionadas, exceden los límites legales y constituyen una interpretación abusiva de la normativa vigente. La educación no es un servicio comercial: es un derecho humano fundamental”.
Finalmente, la diputada Nathalie Castillo llamó a padres, madres y apoderados a recurrir a la Superintendencia de Educación en caso de considerar que han existido vulneraciones a los derechos de los estudiantes.