Valparaíso, 12 de Mayo de 2025.- Un oficio al Presidente Gabriel Boric y a la Dirección Administrativa Presidencia de la República, enviaron los diputados de Renovación Nacional, Miguel Mellado y Carla Morales (jefe y subjefa de bancada), además de Andrés Longton y Paula Labra (integrantes comisión investigadora), con el fin de saber si se ha iniciado algún proceso disciplinario tras el caso de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Adquisición frustrada producto de que entre los vendedores se encontraban Isabel Allende y Maya Fernández, senadora y ministra de Defensa durante la tramitación, cargos que les prohibía hacer contratos con el Estado.
Los parlamentarios exponen a la máxima autoridad del país que en la sesión del 5 de mayo de la instancia investigadora, Carlos Durán, Jefe de Gabinete de Boric, declaró desconocer “las potenciales inhabilidades constitucionales involucradas en el proceso hasta que fue informado oficialmente”. Agregando que en la misma ocasión, Durán “enfatizó que la revisión legal es una responsabilidad formalmente asignada a cada ministerio involucrado y a la Contraloría General de la República”, indicando que el equipo que trabaja en el Segundo Piso, “no realiza revisiones jurídicas”.
Carlos Durán expuso, además, que el seguimiento del proceso de compra fue delegado en asesores de Presidencia, cayendo la responsabilidad en Leonardo Moreno (hoy renunciado), quien declaró -según se expone en el oficio- “en el año 2023 uno de los temas relevantes para el gobierno era la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. En ese contexto, Carlos Durán me encargó explorar la posibilidad de convertir la casa del expresidente Salvador Allende en un museo”.
Los diputados RN afirman que durante la comisión investigadora, ha quedado claro “una evidente desprolijidad por parte del denominado Segundo Piso de la Presidencia o staff presidencial” en la compra de la vivienda. Y esto, pese a que lo recopilado durante la instancia parlamentaria, “tanto el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural como el Ministerio de Bienes Nacionales entregaron oportunas y claras advertencias sobre las consecuencias jurídicas, políticas y comunicacionales que implicaba concretar la operación”.
Ante lo cual el diputado y presidente de la comisión especial, Andrés Longton, dijo que “si algo está quedando claro en la investigadora es que las contradicciones son evidentes y la ausencia de responsables ante las advertencias son inadmisibles y mientras el gobierno pretenda anteponer las afinidades políticas o de amistad por sobre la transparencia ocuparemos todas las instancias para velar de que la verdad salga a la luz y dejen su cargo quienes estuvieron a cargo de esta operación”.
Y agregó que “la ausencia de sumarios en presidencia parece a esta altura pretender proteger más al Presidente que si insiste en que no sabía, lo que es poco creíble, debe al menos investigar a todos quienes estuvieron involucrados, cosa que claramente no ha hecho, y esperamos que Contraloría se lo diga claramente a la luz de los reveladores antecedentes de la comisión investigadora”
La diputada Paula Labra, en tanto, aludió a que “nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber y con las herramientas que tenemos a nuestra disposición como parlamentarios para exigirle al gobierno llevar a cabo los sumarios. No obstante, tenemos muy poca confianza en que el gobierno esté interesado en perseguir responsabilidades políticas y administrativas o en esclarecer bien las graves contradicciones que hemos escuchado en la comisión investigadora”. Añadiendo que el gobierno “está muy apurado por dar vuelta la página, situación que apelando a nuestro rol fiscalizador, no podemos permitir”.
Por lo expuesto, los legisladores piden al Presidente Boric y a la Dirección Administrativa de la Presidencia, que informen si se han iniciado “procesos disciplinarios” y que indique “expresamente si en la tramitación de la renuncia de Leonardo Andrés Moreno Núñez y Bernardita Nazar Díaz se explicitó la existencia de un proceso disciplinario”, considerando que “cuando existan indicios o sospechas de infracciones al principio de probidad o faltas de obligaciones funcionarias”, se deben investigar.
«Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber y con las herramientas que tenemos a nuestra disposición como parlamentarios para exigirle al gobierno llevar a cabo los sumarios. No obstante, tenemos muy poca confianza en que el gobierno esté interesado en perseguir responsabilidades políticas y administrativas o en esclarecer bien las graves contradicciones que hemos escuchado en la comisión investigadora. El gobierno está muy apurado por dar vuelta la página, situación que apelando a nuestro rol fiscalizador, no podemos permitir».