Valparaíso, 10 de Julio de 2024.- Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton, Diego Schalper, Miguel Mellado y Frank Sauerbaum, solicitaron a la Contralora General (S) de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, la realización de un informe de seguimiento sobre las observaciones efectuadas en el Informe Final N° 419/2023, el cual aborda la auditoría al otorgamiento de Pensiones de Gracia a los afectados en las manifestaciones de octubre de 2019.
Los parlamentarios piden a la Contraloría establecer si se han llevado a cabo las recomendaciones indicadas en el informe mencionado. Específicamente, buscan verificar si la Subsecretaría del Interior ha adoptado medidas correctivas respecto a las 13 observaciones señaladas en el informe de auditoría, y si se han revisado los antecedentes de los 10 casos objetados, incluyendo la posible revocación de las pensiones cuestionadas.
El requerimiento subraya además la necesidad de una revisión exhaustiva de la situación actual, dado que algunos beneficiarios de estas pensiones poseen antecedentes penales, lo cual contraviene los criterios establecidos para la concesión de este beneficio.
Asimismo, señalan que, a más de seis meses de haberse emitido el informe de la Contraloría y las observaciones de la Comisión Asesora Presidencial de Pensiones de Gracia, aún existen casos de beneficiarios que continúan recibiendo pensiones de gracia a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios. Un ejemplo citado es el de Juan Francisco Villalobos Prado, formalizado por el delito de estafa en 2022 y prófugo de la justicia hasta 2024.
Respecto de Villalobos, el propio Ministerio del Interior señaló en su respuesta al oficio de los diputados RN, que “no estaba dentro del grupo de personas con anotaciones penales, por lo tanto su caso no fue reevaluado” sumado a que, según indicaron, “no contamos con antecedentes que permitan establecer en este caso en particular, no se dieran las condiciones que originaron la asignación del beneficio, puesto que, como se señaló anteriormente, el expediente del caso contaba con los requisitos establecido para tal efecto”.
Junto a lo anterior, los diputados de RN solicitaron que la Contraloría verifique si las recomendaciones del informe de auditoría han sido implementadas y que se establezca si los casos objetados han sido evaluados adecuadamente. Además, pidieron que se consulte a los organismos pertinentes por qué no se ha revocado la entrega de 23 pensiones de gracia, y que se determine si la mantención de estas pensiones constituye fraude al fisco, remitiendo los antecedentes al Ministerio Público si corresponde.