Durante sesión de sala en el Senado, el parlamentario por el PPD, valoró los avances del proyecto de ley que aumenta sanciones por delitos económicos y contra el medio ambiente, tras un arduo debate en torno a la norma que establece reglas de inhabilidades especiales para los condenados que hayan celebrado contratos con el Estado. “Se mantiene la facultad del Ejecutivo de tener esa opción de cesar un contrato que está en desarrollo”, señaló.
Valparaíso, 02 de Mayo de 2023.- Durante la discusión del proyecto de ley que otorga mayores restricciones y sanciones para las personas o empresas que comentan delitos económicos, o conocidos también como delitos “de cuello y corbata”, y que avanzó a tercer trámite en la Cámara de Diputados, el senador PPD y presidente de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, solicitó al Ministro de Justicia, Luis Codero, quien se encontraba en sala durante la sesión, que pudiera aclarar algunas dudas que surgieron en el hemiciclo respecto a una de las normas que establece reglas de inhabilidad especiales para personas condenadas, o empresas involucradas en delitos económicos, y que dice relación con que el Estado mantiene el derecho de caducar los contratos establecidos con entidades privadas o personas particulares, en casos que existiera una condena por delitos económicos.
A juicio del parlamentario, “el texto original que viene de la Cámara de Diputados, es el que, básicamente, establece que se produce la extinción de pleno derecho de los efectos de los actos y contratos que el Estado haya celebrado; y con esto, poniendo un ejemplo, podría ocurrir que un contrato que esté en desarrollo, tendría que cesar, al menos, eso es lo que entendí. Y por otra parte, lo que me pareció entenderle al ministro (de Justicia), es que entre las causales de término de los contratos administrativos, se encuentra el hecho de existir un interés público, por lo cual entiendo, se mantiene la facultad del Ejecutivo de tener esa opción de cesar un contrato que está en desarrollo, en caso de existir un interés público”, indicó.
Durante la revisión del proyecto en sala, surgieron algunas dudas de algunos parlamentarios respecto de los alcances que tendría esta norma, y respecto de lo cual, el senador Lagos Weber solicitó al secretario de Estado que profundizara en la materia para aclarar esas dudas, “ese tema me gustaría que aclare el ministro (Luis Cordero) para saber si efectivamente el Estado perdería o no la facultad de decidir uno u otro camino y preferir el acto de pleno derecho de la extinción del contrato que está en desarrollo. Aquí no hay buenos o malos, depende de cómo jurídicamente uno quiera mirarlo, pero debemos seguir avanzando en el control y sanción de los delitos de cuello y corbata”, agregó.
Finalmente, el propio Ministro de Justicia, Luis Cordero, aclaró que lo que persigue esa norma es que “las empresas sean especialmente diligentes en el cumplimiento de sus funciones y no incurran en delitos de estas características”, señaló el secretario de Estado y precisó que “el Ejecutivo mantiene la facultad de derechos para ejecutar obras públicas y desde el Gobierno se mantuvimos la norma (que establece inhabilidades especiales) para dar la señal de que la acción de cometer delitos (económicos) generará efectos sobre los contratos”, afirmó.